Nace “cártel de administradores condominales” en Torres de Mixcoac; asociación civil cobra cuotas irregulares a los habitantes
Mensualmente cobra la cantidad de mil 600 pesos por departamento, con la amenaza de judicializar su morosidad si se niegan a pagar
opacidad
Los afectados reclaman que los encargados del manejo han ocultado información pública, como los dictámenes de Protección Civil acerca de la falla “Plateros - Mixcoac”.
En la unidad habitacional Torres de Mixcoac, de la colonia Lomas de Plateros, en la alcaldía Álvaro Obregón, los habitantes denuncian que son forzados a pagar cuotas de mantenimiento ilícitas, que quedan en manos de una asociación civil que tomó el mando de la administración de los edificios, sin que la Ley de Propiedad de Condominio de la Ciudad de México lo permita en su reglamento.
Además de los pagos irregulares, los afectados reclaman que los encargados del manejo han ocultado información pública, como los dictámenes de Protección Civil acerca de la falla “Plateros - Mixcoac”, la cual ha provocado severos daños a uno de los edificios, sin la posibilidad de que los vecinos soliciten esa información, ya que aquellos que se han negado a costear las mensualidades, son amenazados por los miembros de esa asociación.
En el 2017, la administración de la zona fue tomada por la asociación civil “Unidad Habitacional Torres de Mixcoac”, aparentemente bajo la condición de que estaría registrado ante la Procuraduría Social, con la finalidad de que los desperfectos, información, temas de interés de los condóminos y estados de cuenta serían transparentados.
Sin embargo, a siete años de dicho acuerdo, la asociación se ha negado a entregar información como los daños que provocó la grieta que atraviesa la zona y afectó al edificio, así como el destino del dinero que se recauda mensualmente de 16 edificios de 12 pisos, con 768 departamentos en total.
El delito más grave que ocurre en este caso, es que la administración es incapaz de fungir como dirigente del inmueble, ya que de acuerdo con la Ley de Propiedad de Condominios es impreciso que la Procuraduría Social de la Ciudad de México (PROSOC) otorgue el cargo de administración a una A.C., dado que solamente personas físicas pueden realizar dichas funciones, al aparentemente, no tener fines de lucro. No obstante, mensualmente cobra la cantidad de mil 600 pesos por departamento, con la amenaza de judicializar su morosidad si se niegan a pagar.
En palabras de los afectados, las cuotas recaudadas no tienen una finalidad de beneficio para el inmueble, aunque el administrador se ostenta de tener personalidad jurídica para recaudar el dinero obligado. Ante la negativa de los incorporados a la asociación civil para reparar desperfectos, algunos de los habitantes han optado por no pagar, lo que los volvió blanco de amenazas y agresiones del administrador.
A.C imposibilitada para administrar
Al solicitar por medio de transparencia información de los permisos de la administración, se comprobó que la asociación civil mencionada no cuenta con registro ante la PROSOC para ejercer facultades de administrador profesional, lo que significaría que el dirigente y asociados están cometiendo conductas delictivas.
Además, lo que le impide a esa asociación cobrar cuotas es que, al no ser una persona física, está imposibilitada para representar a los condóminos, ya que solamente está facultada para velar por sus asociados y fundadores.
“En 2020 traté de hablar con el administrador porque no da estados de cuenta pormenorizados; acudí a la PROSOC y me comentaron que la asociación civil no tenía registro como administrador. Después pedí que se hicieran algunas reparaciones por filtración de agua en el techo de mi departamento, no se hicieron, por lo que dejé de pagar y me quitaron los servicios, sin que estén autorizados para eso; a partir de ello comenzaron los ataques, es un cártel de administradores condominales”, expresó David, uno de los afectados.
No obstante, en una segunda búsqueda, al solicitarle a la PROSOC el registro de administradores de dicha unidad habitacional, el organismo arroja como dirigente a la asociación civil mencionada, en dos registros fechados en los años 2019 y 2022, un acto irregular conforme al reglamento de Ley de Propiedad de Condominio, pues al no ser una persona física, no cumple con los requerimientos para ejercer funciones de administrador.
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Además, se viola el artículo 42 de dicha Ley, la cual explica que “el administrador durará en su cargo un año, siempre que a consideración del Comité de Vigilancia se haya cumplido en sus términos el contrato: entregar mensualmente a cada condómino un estado de cuenta del condominio con el visto bueno del comité de vigilancia, recabando constancia de quien lo reciba, que muestre una relación pormenorizada de ingresos y egresos del mes anterior”.
Información de daños por grieta no es transparentada
En consecuencia, los inconformes solicitaron a la PROSOC una asamblea con alguna autoridad que los orientara y les asegurara que pagar cuotas a una A.C. es ilegal, autoridad que acudió a la unidad habitacional y confirmó el acto irregular. En un video de la asamblea, el funcionario explica: “una asociación civil no puede cobrar cuotas de mantenimiento porque representa a sus asociados, no a los condóminos”. En ese momento, los afiliados a la administración arribaron al lugar para detener la junta; con mangueras y una bocina, impidieron que el diálogo continuara.
Igualmente, Crónica contactó al administrador Alan Rosas, certificado por la PROSOC, quien confirmó que el registro de administradores de condominios solamente aplica a personas físicas.
El problema para los condóminos se acrecentó cuando se presentó en la zona la falla “Plateros - Mixcoac”, la cual dañó uno de los sótanos del inmueble, desperfectos que fueron revisados por Protección Civil; a pesar de ello, los vecinos acusan que la asociación civil ocultó los dictámenes y no informó los riesgos que podría tener a futuro, por lo que únicamente, taparon esa parte de la grieta con cemento. Fue hasta que, a través de transparencia, los habitantes recibieron los dictámenes de riesgos, en donde se explica que en la etapa del edificio D4 sí existe un riesgo alto en la estructura, mientras que en las áreas D6 y D01, el peligro es bajo.
“El administrador cerró el cuarto de servicio y no le dijo a nadie los daños que tiene, solamente dijo que es pequeño y que se está atendiendo; arriba hay un estacionamiento y se agrietó; en ese momento no recibimos información de él ni de Protección Civil, solamente cuando se pidió la información por transparencia. Cuando le he solicitado información de los estados de cuenta, me ha amenazado públicamente”, denunció un habitante.
Violaciones a la Ley de Propiedad de Condominio
Ante su negativa, el administrador viola el artículo 43 de la Ley de Propiedad, que establece que es obligación del dirigente cuidar y vigilar los bienes del condominio y los servicios comunes, promover la integración, organización y desarrollo de la comunidad. Asimismo, llama a representar y llevar las decisiones tomadas en la asamblea general de los condóminos respectivos a las asambleas de los administradores; así como atender la operación adecuada y eficiente de las instalaciones y servicios generales y cumplir con las disposiciones dictadas por la Ley de Protección Civil y su Reglamento.
Mientras tanto, los afectados se encuentran bajo el reglamento de una asociación civil incapaz de administrar un edificio, aunque de manera inédita, la PROSOC le otorgó el permiso sin importar que los reglamentos expongan lo contrario. Es por ello que quienes se han negado a pagar reciben notificaciones morosidad con acuerdos aparentemente prontos a judicializarse por el despacho Alquicira & Asociados, firma que presume que mediante acuerdo vecinal, se tomó la decisión de que a la brevedad, se finiquiten los pagos faltantes, sin importar que no tengan la autorización para emitir dichas órdenes. En el saldo total de los avisos, se exponen cifras de hasta 190 mil 674 pesos, con 79 mil cuotas vencidas, números que equivaldrían a seis mil años de morosidad.
En el documento, se lee: “se le invita a que realice su pago y acuda a las oficinas de la administración de la unidad habitacional, a efecto de señalar una propuesta y firmar un convenio, en caso de no realizarlo, se iniciará el procedimiento administrativo y judicial al que haya lugar”, lo anterior aunque un despacho de abogados no tiene la autoridad para realizar esa diligencia exclusiva de un juez.
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