La desaparición del cuerpo del bebé Tadeo, quien fue sepultado en el Panteón de San Nicolás Tolentino en Iztapalapa, y posteriormente encontrado en un centro de reclusión en el estado de Puebla, ha indignado a la gente de Iztapalapa, tanto como ha consternado a la sociedad en general, señaló la alcaldesa Clara Brugada en conferencia de prensa.

Por tal motivo el administrador del panteón ya fue separado de su cargo y todos los trabajadores del lugar rendirán declaración ante la Fiscalía General de Justicia para que proporcionen la información para aclarar los hechos. 

En ese cementerio se cuenta con 148 trabajadores de base cuyas funciones son labores de inhumación, abrir fosas, y 300 auxiliares, que son personas que laboran en el panteón pero no tienen una relación laboral con la alcaldía. Todos están a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de México.

La alcaldía llevará a cabo una restructuración interna de la administración y modernización de los panteones públicos de Iztapalapa y se reforzarán las acciones de vigilancia con tecnología y más personal, indicó la morenista. 

“En primer lugar, lamentamos mucho este suceso; quiero reiterar mi respeto y solidaridad con los padres de Tadeo y su familia, es una terrible situación que nunca debió haber sucedido y nunca debe volver a suceder. Les enviamos un abrazo solidario y seguimos a sus órdenes para cualquier apoyo que requieran”, dijo.

Clara Brugada informó que el viernes 21 de enero personal del panteón, en el momento en que tuvo conocimiento de la posible desaparición del cuerpo de Tadeo, de inmediato acudió ante las autoridades ministeriales para denunciar la probable exhumación ilegal y desaparición del cuerpo de un menor en el panteón de San Nicolás Tolentino.

“Fuimos los primeros en presentar la denuncia ante la fiscalía, desde ese momento sabemos que están las investigaciones. Estamos a la espera de los resultados de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la Ciudad de México y que corresponden también a las investigaciones del estado de Puebla”.

Agregó que se trata de un delito cometido por personas con capacidad para extraer un cuerpo de manera ilegal, trasladarlo al estado de Puebla e introducirlo a un centro penitenciario con un nivel de alta seguridad. Por ello se ha insistido en la necesidad de llegar a la verdad de estos hechos y ubicar a todas las personas responsables en la “cadena de momentos y seguramente de delitos que se cometieron a lo largo de este proceso”.

La edil informó que la Fiscalía de Puebla ha ubicado a varias personas relacionadas con este caso, y que la Fiscalía de la CDMX trabaja de manera coordinada para complementar la investigación. “Por nuestra parte hemos proporcionado toda la información de que disponemos y colaboramos con la Fiscalía en todo aquello que nos sea requerido para el pronto esclarecimiento de la verdad”.