Un tribunal de Argentina determinó este jueves en la tarde, en el marco de un histórico "juicio por la verdad", que la denominada "masacre de Napalpí", la matanza de aborígenes perpetrada en 1924 por fuerzas policiales y civiles en el norte del país, constituyó un crimen de lesa humanidad.

Esa fue la conclusión a la que arribó un tribunal de la ciudad de Resistencia, en la norteña provincia argentina de Chaco, al cabo de un juicio que se había iniciado el pasado 19 de abril sin imputados, ya que los responsables han fallecido.

El juicio por la verdad concluyó este jueves con un veredicto en el que se reconoció la responsabilidad del Estado en la masacre indígena de 1924 y ordenó una serie de medidas de reparación para las comunidades qom y moqoit.

En su sentencia, la jueza federal Zunilda Niremperger consideró que se trató de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas.

El proceso, en el que declararon descendientes de las víctimas, contó con el aporte de pruebas por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina surgidas de una investigación especial.

VERDAD Y REPARACIÓN

El juicio buscaba establecer cómo ocurrió la masacre de Napalpí, en la que fueron asesinados miembros de los pueblos indígenas qom y moqoit.

El 19 de julio de 1924 cerca de un centenar de policías, gendarmes y colonos fusilaron a miembros de esas comunidades que se encontraban protestando por mejores condiciones laborales y de vida.

En el juicio se declaró como probados los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre de entre 400 y 500 miembros de las comunidades.

La jueza ordenó al Estado nacional la realización de un acto público de reconocimiento de su responsabilidad con participación de las víctimas y sus descendientes y la constitución de un museo y de un sitio de memoria en el lugar de los hechos.

Exhortó además al Estado nacional a que implemente un plan de políticas públicas de reparación histórica a los pueblos qom y moqoit y ordenó que se incorporen a la capacitación de las fuerzas de seguridad un módulo sobre respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

FOSAS COMUNES

Durante las audiencias del juicio, la Fiscalía expuso que hubo disparos "a mansalva" durante una hora y resultaron asesinados integrantes de las etnias qom y moqoit, entre ellos niños, mujeres embarazadas, ancianos y jóvenes.

De acuerdo a la exposición de los fiscales, los heridos que no pudieron escapar a tiempo fueron "ultimados de las formas más crueles posibles" y hubo mutilaciones y entierros en fosas comunes.

En su sentencia, la jueza estableció también la continuidad de los trabajos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la búsqueda y exhumaciones de las fosas comunes.

Según expuso la Fiscalía, "las fuerzas agresoras justificaron el ataque prestándolo como un enfrentamiento de índole policial contra indígenas sublevados" y "se intentó presentar los hechos también como un supuesto enfrentamiento entre las etnias".

La Secretaría de Derechos Humanos aportó como prueba a la causa una profunda investigación histórica sobre los hechos y los motivos que llevaron a realizar la masacre hace casi un siglo.

Esa investigación describe la negación y el encubrimiento de la masacre por parte de las autoridades, que silenciaron los hechos por décadas.