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Corte Suprema de EU juzgará si Trump debe ser inhabilitado, como hizo Colorado

Si da la razón al estado, tras la audiencia del estado, sentaría un precedente legal que aplicarían otros estados, haciendo inviable su candidatura

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Este sábado se cumplió el tercer aniversario del asalto al Capitolio a manos de una turba de seguidores de Trump

Este sábado se cumplió el tercer aniversario del asalto al Capitolio a manos de una turba de seguidores de Trump

EFE

La Corte Suprema de Estados Unidos vuelve a ponerse en el ojo del huracán de la política de la primera potencia (en 2001 sentenció a favor de George W, Bush en Florida y le dio la Presidencia), luego de anunciar que admite a trámite el recurso impuesto por la campaña del expresidente Donald Trump, contra el histórico fallo del Supremo estatal de Colorado, que lo inhabilitó para que contienda en ese estado, invocando la enmienda que lo prohíbe a quienes hayan participado en una insurrección. En el caso concreto del magnate republicano, por su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, cuyo tercer aniversario se celebró este sábado.

En un breve escrito judicial, el Supremo indica que ha admitido a trámite el caso por la vía de urgencia (para tener un fallo antes de las primarias de Colorado del 6 de febrero) y que los nueve jueces mayormente conservadores (tres de ellos elegidos por Trump cuando era presidente) celebrarán una audiencia pública el 8 de febrero para escuchar los argumentos de las partes. La vista chocará de lleno con el desarrollo de las primarias republicanas, que comienzan su ciclo el próximo día 15 con los caucus de Iowa y la consulta de New Hampshire el día 23.

La decisión coloca al máximo tribunal en la posición de establecer una postura a nivel nacional sobre si Trump puede participar en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024. 

Si da la razón a Colorado, sentaría un precedente judicial histórico, ya que, por primera vez, se usaría una enmienda de la Constitución (en este caso la 14) para inhabilitar a un expresidente para que se presente de nuevo al cargo por el delito de insurrección o incitar a la insurrección. 

Aunque la medida afectaría exclusivamente al caso de Colorado, abriría la puerta a que otros estados invocaran de urgencia la misma prohibición, haciendo matemáticamente imposible que el magnate populista logre alzarse con la candidatura este verano, y por ende, con la Presidencia en noviembre, pese a que en ambos casos es favorito.

El 28 de diciembre Maine se convirtió en el segundo estado que inhabilitó a Trump como candidato, mientras que otra quincena de estados, desde Oregón a Virginia o Nueva York, también se plantean si el nombre del expresidente puede figurar en las papeletas de voto. Otros, como Minnesota o Michigan, han rechazado aceptar demandas similares contra Trump.

En el sistema estadounidense, cada Estado organiza y cuenta con sus propias reglas a la hora de celebrar unas elecciones, aunque sean nacionales. Ello significa que las decisiones de Colorado y Maine solo afectan a sus respectivos territorios.

Pero una decisión del Supremo, al tratarse de un órgano federal, tendría efecto en todo el territorio estadounidense: de ahí su importancia. De tumbar la decisión de Colorado, cerraría esa vía a impedir la candidatura de Trump. De corroborarla, abriría la puerta a que se multiplicaran demandas similares en el resto de los estados.

Sin embargo, los abogados de Trump confían en que el fallo sea favorable a sus intereses y le permita participar en las primarias y alzarse con la candidatura presidencial republicano, como parece un hecho de no ser impedido judicialmente, según anuncian todas las encuestas desde hace un año, cuando se desinfló rápidamente las opciones de su inmediato seguidor, el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Según señalan los abogados, si el Supremo no revoca el fallo de Colorado "marcará la primera vez en la historia de Estados Unidos que el poder judicial impide a los votantes emitir su voto por el principal candidato de un gran partido en las presidenciales".

Recuerdan que sólo el Congreso tiene esta prerrogativa inhabilitadora y argumentan que la sección tres de la 14ª enmienda no se aplica a Trump, porque el texto constitucional no especifica los cargos de presidente o candidato a presidente, y añaden que lo que ocurrió hace tres años no fue una "insurrección", y en caso de que el Supremo así lo considerase, el entonces presidente no “participó de ninguna manera en una insurrección".

Trump se aferra al victimismo

Mientras tanto, Trump se aferró este sábado a la visión de sí mismo como la víctima de una caza de brujas política y pidió el apoyo de los republicanos en un mitin en el que apenas hizo referencia al asalto al Capitolio, del que hoy se cumplen tres años.

"Si no estuviera compitiendo, o si estuviera en quinto lugar en las encuestas, no me habrían acusado. Todo esto es un asunto político", apuntó el republicano en un acto en Iowa.

Desafiante y agresivo, Trump hizo pocas referencias al asalto al Capitolio en sus casi dos horas de discurso: "Nadie pensó que el 6 de enero fuera siquiera una posibilidad", dijo escuetamente el expresidente.

Trump enfrenta cargos penales en una corte federal en la capital estadounidense por lo sucedido, al interrumpir el traspaso pacífico de poder hacia Joe Biden mediante la difusión de teorías falsas sobre fraude electoral.

Unas teorías en las que hoy volvió a insistir: "Los demócratas de izquierda radical amañaron las elecciones presidenciales de 2020 y no vamos a permitir que amañen las elecciones presidenciales de 2024", afirmó.

Arrestados tres fugitivos del asalto al Capitolio

Tres fugitivos acusados de participar en el asalto al Capitolio en Washington, que este domingo cumple su tercer aniversario, fueron arrestados este sábado en Florida.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) identificó a los sospechosos como Jonathan Daniel Pollock, su hermana Olivia Michele Pollock y Joseph Daniel Hutchinson, quienes deberán presentarse en una corte federal de Ocala, en el centro de Florida, el próximo lunes.

Más de 1,200 estadounidenses han sido acusados penalmente por sus supuestas acciones durante los disturbios y cientos han sido declarados culpables de delitos federales, según el Departamento de Justicia.