El exministro Anderson Torres, un firme aliado del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, no supo explicar ante una comisión parlamentaria este martes, un documento hallado en su casa relacionado a un posible golpe tras las elecciones de 2022.

Torres, en libertad vigilada tras pasar cuatro meses en prisión por su presunta participación en sublevación del pasado 8 de enero, compareció ante una comisión parlamentaria que investiga estos sucesos, que según la Justicia intentaban forzar un golpe contra el Gobierno del progresista Lula da Silva.  

Documento comprometedor

Uno de los asuntos que más complican la situación del exministro, es un borrador de un decreto para anular las elecciones de octubre pasado, intervenir el Poder Judicial y mantener en el poder a Bolsonaro, derrotado por Lula en esas elecciones.

El documento fue hallado por la policía en la casa de Torres cuando el exministro estaba en EU, hacia donde había viajado de vacaciones dos días antes del intento golpista.

Torres admitió ante los parlamentarios la existencia de lo que calificó de "papel", pero no supo decir cómo llegó a sus manos. "No sé quién me entregó ese documento apócrifo y desconozco cómo fue redactado", declaró Torres.

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“Falló el protocolo”

Torres dejó el gobierno el 31 de diciembre y al día siguiente, cuando Lula asumió el poder, pasó a desempeñarse como secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia. Sobre ese día, garantizó que su despacho mantenía un "estricto protocolo de seguridad" que, en su opinión, "no fue respetado", aunque no señaló responsables por eso.

Según Torres, el número de policías en torno a las sedes de los tres poderes no era el previsto para una situación de crisis. "Si el protocolo se hubiera respetado, los manifestantes no habrían llegado a las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la Corte Suprema", aseguró. 

Fiscalía imputa pena máxima

Por los sucesos de enero, la Corte Suprema ya ha aceptado las denuncias presentadas contra 1,290 personas, que en su gran mayoría participaron directamente en la violenta intentona golpista. Este lunes, la Procuraduría General pidió a la Corte aplicar la pena máxima de 30 años de cárcel para los primeros 40 acusados.

Sobre esas personas, la Procuraduría dijo haber comprobado tanto la materialidad como la autoría de cinco delitos: "asociación criminal armada", "abolición violenta del Estado democrático de derecho", "golpe de Estado", "daño calificado y grave amenaza" y "deterioro de patrimonio público".