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México "hacia el abismo" por impunidad en derechos humanos: Amnistía Internacional

A través de un informe denuncia que más de 20,000 mujeres han sido asesinadas entre 2018 y el pasado mayo. La impunidad persiste en 22 estados

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Protesta frente al Palacio Nacional por la muerte de Fátima, una niña de siete años

Protesta frente al Palacio Nacional por la muerte de Fátima, una niña de siete años

EFE

A través de los datos que arroja el informe “México: ¿De cabeza a toda marcha hacia el abismo en derechos humanos?”, Amnistía Internacional (AI) encendió las alarmas este jueves. Asegura que México va "hacia el abismo" en materia de derechos humanos, debido a la impunidad que envuelve a los perpetradores de feminicidios y por la militarización de la vida pública, entre otras razones.

El documento fue elaborado para que la ONU lleve a cabo el Examen Periódico Universal (EPU) de México. Este es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos por el que deben pasar cada cinco años todos los países miembros de la ONU y que evalúa la salud de las libertades fundamentales.

Más de 20,000 feminicidios

En el informe, AI subraya que 20,292 mujeres han sido asesinadas entre 2018, fecha del último EPU, y el pasado mayo, aunque pone el foco en que tan solo 5,065 casos se investigaron como presuntos feminicidios.

"Pese a que se han activado 25 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en 22 estados del país, persiste la impunidad en las investigaciones de feminicidios", avisa.

Además, el informe expresa preocupación por las "deficiencias en las investigaciones como pérdida de pruebas, falta de investigaciones adecuadas, falta de aplicación de una perspectiva de género y amenazas a las familias de las víctimas".

Otro asunto en el que la organización enciende las alarmas es el respeto a la protesta social, pues "las más altas autoridades", como el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, "estigmatizan" la lucha de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que "cuestionan las acciones del Gobierno".

También tildan al sistema de justicia penal de "mecanismo de disuasión para quienes protestan", sobre todo en ámbitos como el medioambiente o la tierra, y recuerdan que México es "uno de los países más peligrosos del mundo" para quienes ejercen el periodismo.

De hecho, 2020 y 2022 fueron de los años "más mortales" para el oficio, con 19 y 13 profesionales asesinados, respectivamente, según AI.

Asimismo, el informe critica la "estrategia de seguridad pública fuertemente militarizada" impulsada por el Gobierno de López Obrador y el papel de la Guardia Nacional (GN), "una de las diez instituciones con más denuncias por violaciones de DH": 1,200 demandas entre 2019, cuando se creó, y 2022.

El propio López Obrador había ideado la GN como un cuerpo civil, pero su control depende de David Córdova Campos, un militar retirado, y en 2022 pasó a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque la Suprema Corte de Justicia anuló esta transferencia.

"La participación de las fuerzas en la vida pública ha hecho aumentar la probabilidad de que una persona sea víctima de tortura sexual durante su detención (...) y ha fomentado una falta de verdad, transparencia y rendición de cuentas", asegura la ONG.

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Reconocer y no estigmatizar

AI propone a México que fortalezca la CNDH para que "cumpla" con los Principios de París, que rigen este tipo de instituciones, así como que reconozca la "magnitud" de la crisis de feminicidios.

Insta a las autoridades a "transmitir el mensaje de que estos actos ya no se tolerarán ni quedarán impunes" y a garantizar la "reparación integral" a las familias de las víctimas. Por lo que atañe a la disidencia política, sugiere la creación de un "marco jurídico habilitador" que garantice el derecho a la protesta".

Finalmente, urge al Gobierno mexicano que elabore un plan para "retirar las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública y administrativas" antes de 2028.

El informe fue presentado por la directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Lucía Chávez; la directora ejecutiva de AI México, Edith Olivares, y la especialista en Análisis e Incidencia de AI, Angélica de Anda.

En este documento, AI evalúa la aplicación de las recomendaciones formuladas a México en su EPU anterior, algunas de ellas relacionadas con la violencia contra las mujeres y las niñas, la detención y reclusión arbitrarias, la CNDH, la libertad de opinión y expresión, y la rendición de cuentas.