La apisonadora represora del régimen encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo alcanzó finalmente al Comité Internacional de la Cruz Roja de Nicaragua, que esté lunes fue expulsado del país, dejando a los presos políticos a merced de los represores.

En un comunicado emitido por la oficina regional de la organización, se informa que cerraron operaciones “a pedido de las autoridades nicaragüenses, terminando así su misión humanitaria en el país”.

“El CICR recibió en 2018 la autorización de las autoridades de Nicaragua para abrir una misión en el país, enfocada en objetivos exclusivamente humanitarios. En enero de 2019 el CICR estableció una Misión permanente en Managua, y en marzo de ese mismo año el CICR y el Gobierno de Nicaragua formalizaron un acuerdo para visitar a personas detenidas”, contextualiza el comunicado de la Cruz Roja, sin dar mayores detalles de su expulsión.

Rol vital de mediador

El rol del CICR ha sido vital en lo concerniente a los presos políticos de Nicaragua. En 2019, cuando los Ortega-Murillo aprobaron una ley de Amnistía muy cuestionada por organismos de derechos humanos, la CICR se encargó de conciliar con opositores y el Gobierno la lista de 200 reos de conciencia que fueron excarcelados en ese proceso.

En 2021, ante las repetidas denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos que los presos políticos sufrían en la temida prisión de El Chipote, el organismo solicitó una visita para comprobar el estado de los opositores que en febrero de 2023 fueron desterrados en Estados Unidos.

Sin embargo, la visita nunca fue concedida por el régimen sandinista y meses después la Cruz Roja Nicaragüense fue despojada de su personería jurídica y sus bienes pasaron a ser controlados por el régimen.

Aumenta la represión

La expulsión de la CICR ocurre cuando familiares de siete presos políticos denuncian que las autoridades del penal La Modelo trasladaron a los reclusos a celdas de máxima seguridad como represalia a una huelga de hambre que iniciaron para demandar mejor alimentación y respeto a sus horas de descanso nocturno, ya que los custodios golpean las verjas impidiendo conciliar el sueño.

Además exigían salidas con más frecuencia a patio sol, un trato más humano de parte de los carceleros y el ingreso de material de lectura. Uno de los presos políticos fue “salvajemente golpeado”, según la denuncia.

Aunque en el comunicado emitido este 18 de diciembre el CICR “reitera su disponibilidad para reanudar su diálogo y acción humanitaria en Nicaragua”, defensores de derechos humanos externaron su preocupación al perder el único resquicio institucional que quedaba en Nicaragua para abogar y velar por los más de 90 presos políticos que los Ortega-Murillo mantienen en sus prisiones estas navidades. Un número que ha venido aumentando cada semana —en un efecto llamado “puerta giratoria”— bajo un régimen totalitario que apresa sacerdotes y hasta catedráticos, como Freddy Quezada, exprofesor de la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN-Managua).

El sociólogo Quezada, de 65 años, fue secuestrado por civiles el miércoles 29 de noviembre, luego de criticar en redes sociales a la pareja presidencial. El catedrático después fue trasladado a la cárcel La Modelo.