El ministro de Justicia de Perú, Eduardo Arana, anunció este que su gobierno aplicará las estrategias "más importantes" en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia que se han impulsado en El Salvador, a pesar de las denuncias de organizaciones de derechos humanos.

"Desde luego que sí. No todas pero sí algunas y las más importantes las vamos a tener", contestó el ministro cuando la prensa le preguntó si se pueden aplicar estrategias utilizadas en el país centroamericano en Perú.

Añadió a medios de comunicación que El Salvador inició hace dos años un proceso de reformas en el que el país partía con un 98 por ciento de inseguridad ciudadana y un 2 por ciento de control, y ahora esta situación "ha sido revertida", y cuenta con un 2 por ciento de inseguridad ciudadana y 98 por ciento de control.

Arana viajó la semana pasada a este país tras la invitación de su presidente Nayib Bukele, precisamente para conocer su sistema penitenciario y las estrategias que ha impulsado para luchar contra la inseguridad ciudadana.

"Yo he presentado mi informe este lunes al Consejo de Ministros y evidentemente hemos traído varias propuestas que oportunamente las vamos a anunciar y las vamos a compartir con la ciudadanía y la prensa", indicó el ministro en la ciudad de Trujillo, que se encuentra declarada en emergencia por el aumento de la criminalidad.

Y sostuvo que el nivel de seguridad pública que tiene ahora El Salvador "no es solamente penal", si no que se trata de un compromiso que tiene el Estado con la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y la ciudadanía.

Horas antes, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, ratificó que el Gobierno de su país buscará replicar la infraestructura carcelaria que ha implementado el gobierno de El Salvador, que calificó de "eficiente y moderna", a pesar de los cuestionamientos internacionales.

"Si funcionan estos penales bien en otros países, pues hay que traer la experiencia y, lo decimos con toda sinceridad, esa experiencia es posible traerla al Perú", declaró Otárola durante una rueda de prensa.

Expresó que el Gobierno quiere "penales en donde los presos no hagan llamadas extorsionadoras, no corra la droga y donde no delincan quienes están presos", enfatizó.

Otárola ya había señalado el jueves pasado que el Gobierno peruano aspira a replicar el modelo de prisiones de El Salvador, cuya logística dijo que "se ha convertido en una infraestructura adecuada, moderna y eficiente para que acudan, sobre todo, los presos mas violentos y los mas peligrosos".

Según los datos que ofreció, en Perú hay casi 100 mil presos, la mitad de los cuales no tiene sentencia, y al Gobierno le "preocupa mucho aquellos presos por delitos violentos que podrían seguir desde la prisión dirigiendo mensajes y organizaciones criminales para la extorsión".

De acuerdo con los datos oficiales, desde marzo de 2022 más de 75 mil 100 personas han sido detenidas en El Salvador, acusadas de ser pandilleros o colaboradores, de las que más de 7.000 personas habrían salido en libertad condicional.