En México más de 100 mil personas privadas de su libertad en México, comparten celda con más de 5 personas en las cárceles del territorio nacional lo que sumado a las carencias y condiciones de vida que prevalecen en esos lugares, dificultan en gran medida la reinserción social de los internos cuando abandonan la prisión.

La población privada de la libertad en México durante 2021 fue de 220.5 mil personas, de las cuales se estima que el 46.4% a nivel nacional comparte su celda con más de cinco personas y el 8.1% de la población tuvo que dormir en camas compartidas, lo que impide la privacidad, incluso, en el tiempo de descanso.

La investigación titulada “La reinserción social. Propuestas de la LXV Legislatura”, elaborada por el Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado registró que en los centros penitenciarios del país hay una fuerte carencia de infraestructura digna para vivir y convivir, además de que hacen falta programas de capacitación laboral o educativa, de salud mental o una planeación adecuada para que las personas privadas de la libertad puedan tener herramientas que las fortalezcan al momento de salir de prisión.

El Estado de México es la entidad federativa que más población privada de la libertad tiene con 34 mil 092 personas (15.5% del total nacional), seguida de Ciudad de México con 26 mil 529 personas (12% del total nacional), Jalisco con 13 mil 388 personas (6.1% del total nacional) y Baja California con 12 mil 873 personas (5.8% del total nacional).

Los Centros Penitenciarios de Estado de México que más reclusos albergan son el CERESO Ecatepec con 6 mil 488, seguido del CERESO Tlalnepantla con 5 mil 725 y del CERESO Nezahualcóyotl con 5 mil 578 personas.

Por su parte, en Ciudad de México, el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente es el que tiene más población con 8 mil 472 reos, seguido del Reclusorio Preventivo Varonil Norte (7 mil 430), Reclusorio Preventivo Varonil Sur (4 mil 875), la Penitenciaría de la Ciudad de México (1 mil 979) y Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (1 mil 451 reclusas)

El estudio establece que para una efectiva reinserción social es necesario que los centros penitenciarios cuenten con la infraestructura suficiente para propiciar una vida digna a la población privada de su libertad, aquella que, supuestamente, violó la norma penal.

Pese a ello, en los centros penitenciarios, sobre todo a nivel estatal, dicho factor no se cumple, pues tan solo en el año 2021 se estimaba que el 46.4% de la población privada de la libertad a nivel nacional compartió su celda con más de cinco personas, lo que e impide la privacidad.

Señala que en la LXV Legislatura, las y los legisladores de distintos partidos han propuesto más de 42 iniciativas de reforma a leyes secundarias respecto de temas relacionados a la reintegración de personas privadas de la libertad a la comunidad.

Con base en la Encuesta Nacional de Población del INEGI, recuerda que más de 76% de la población privada de su libertad, manifestó tener dependientes económicos la semana previa a su detención.

En ese sentido, la prisión no únicamente transforma la vida de la persona detenida, sino de los que dependen de él o ella económicamente, y de los hijos e hijas menores de edad que son alejados de su madre, porque es detenida por, presuntamente, violar la ley penal. También, cambia la vida de aquellas personas que se quedan al cuidado de las y los menores.

La situación conyugal también forma parte de los antecedentes familiares de reclusos y reclusas. En ese sentido, de acuerdo con la misma encuesta, 44.8% de la población privada de libertad de 18 años y más se encontraba casada o en unión libre, mientras que 25.3% nunca había estado en esa situación y 29.9% estuvo alguna vez casada o en unión libre.

Estas iniciativas, señala el estudio, tienen como finalidad una reinserción efectiva, mejorar la calidad de vida de las personas privadas de la libertad y, por supuesto, brindar más y mayor protección a las y los ciudadanos, disminuyendo los índices de reincidencia delictiva.