El reciente homicidio de César Gastélum ha vuelto a abrir la conversación sobre el riesgo que implica a los creadores de contenido acercarse a grupos del crimen organizado, pretender tener ese tipo de vida o incluso realizar “provocaciones” a alguno de estos por medio de publicaciones. Ya sea por formar parte de esquemas de lavado de dinero, ser familiares o tener algún tipo de relación cercana con delincuentes, múltiples influencers han perdido la vida de forma violenta mientras perseguían un estatus de dinero y lujos.
¿Por qué algunos influencers se alían a grupos del crimen organizado?
Desde hace varios años, la creación de contenido digital se ha convertido en una forma viable de generar ingresos, convirtiéndose incluso ya en una propia industria laboral que arropa no sólo a quienes crean dichos materiales audiovisuales, sino a quienes lo editan y comercializan. Con cada vez más gente dentro de plataformas digitales, las posibilidades lucrativas se han mantenido.
Por eso, algunos grupos del narcotráfico han buscado incluir a influencers dentro de sus esquemas de lavado de dinero. Las investigaciones financieras realizadas en México y otros países han identificado que algunos creadores de contenido e influencers pueden ser utilizados por organizaciones del crimen organizado para ocultar el origen ilícito de recursos mediante operaciones que aparentan ser actividades comerciales legítimas.
Las autoridades mexicanas e internacionales aclaran que este esquema no implica que todos los influencers participen en actividades ilegales, sino que algunos casos detectados muestran cómo la popularidad en redes sociales puede ser aprovechada para introducir dinero de procedencia ilícita al sistema financiero.
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo internacional encargado de establecer los estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, los delincuentes buscan negocios y actividades donde sea relativamente sencillo justificar ingresos elevados o variables. En ese contexto, la economía digital y el mercado de la publicidad en redes sociales representan sectores que pueden ser vulnerables cuando existe poca transparencia sobre el origen de los pagos o la prestación real de los servicios.
Las autoridades explican que el esquema suele comenzar cuando una organización criminal busca dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos mediante actividades ilícitas, como el narcotráfico, la extorsión o el contrabando. Para ello, el dinero puede canalizarse a través de empresas fachada o sociedades aparentemente legales que celebran contratos de publicidad, representación artística, producción audiovisual o promoción comercial con personas de alta exposición pública.
En algunos casos documentados por investigaciones financieras, los pagos se presentan como remuneraciones por campañas publicitarias, colaboraciones comerciales, presentaciones, patrocinios o derechos de imagen. Si esas operaciones corresponden a servicios reales y cuentan con respaldo documental, constituyen actividades completamente legales. Sin embargo, cuando los contratos son simulados, los montos son desproporcionados respecto del mercado o los servicios nunca se prestan, las autoridades consideran que podrían formar parte de un mecanismo de lavado de dinero.
Cercanía con el crimen organizado y estilo de vida “alucín”
No obstante, no todos los creadores de contenido que han sido víctimas de grupos de la delincuencia organizada han sido parte de estos esquemas de lavado de dinero. En algunas ocasiones, tiene que ver con tener alguna relación directa o indirecta con alguno de estos integrantes, así como quienes simplemente quieren aparentar frente a las cámaras tener uno de estos estilos de vida y a quienes se les conoce coloquialmente como “alucines”.
Uno de los ejemplos más representativos de este tipo de casos es el de Juan Luis Lagunas Rosales, mejor conocido en las redes sociales como “El Pirata de Culiacán”. En sus publicaciones, mostraba fiestas, lujos, excesos, armas y drogas como parte de su vida cotidiana. Sin embargo, fue asesinado en Zapopan Jalisco en diciembre de 2017, cuando apenas tenía 17 años. Su ejecución se atribuye a que, días antes, publicó un video ofendiendo al ‘Mencho’, razón por la que habría sido atacado y ultimado.
Otro caso más reciente es el de Valeria Márquez, quien fue asesinada en su salón de belleza de Zapopan, Jalisco en 2025. De acuerdo con las investigaciones, la creadora de contenido había sostenido una relación sentimental con un integrante del CJNG, quien la habría mandado a asesinar tras su ruptura. Aunque las redes sociales de Valeria no estaban ligadas directamente al contenido de la “narcocultura”, sí presumía los regalos y estilo de vida ostentoso que tenía debido a su cercanía con uno de sus presuntos integrantes.