En su comparecencia ante Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, señaló que del presunto desfalco ocurrido en la Agencia Alimentaria (Segalmex) por un monto de 9 mil 500 millones de pesos falta por aclarar por esa entidad del gobierno federal alrededor de 6mil 800 millones de pesos.

Es decir, sólo se han aclarado 2 mil 700 millones de pesos. El funcionario federal también indicó que del monto total que falta por aclarar están en ese proceso de transparentar 3 mil 700 mdp.

“3 mil 700 están en proceso de aclaración, todavía no podemos nosotros determinar si hay daño patrimonial o no de esta cantidad y 3 mil 100 se encuentran en las etapas siguientes: mil 800 están en etapa de investigación y mil 300 están en proceso de responsabilidades administrativas”, explicó Salcedo Aquino.

Sin embargo, sus aclaraciones no convencieron a los diputados de la oposición. La panista María Elena Pérez-Jáen dijo que no bastaba con las aclaraciones. Ella cuestionó para ¿cuándo las sanciones?

“Tiene en sus manos 56 denuncias que le presenté en relación con esto (Segalmex), ¿Cuándo las sanciones secretario? ¿Por qué no nos ha contestado durante el transcurso del sexenio dónde está el combate a la corrupción?”

A esa y otras interrogantes, el titular de la Función Pública respondió que en relación a los procedimientos por responsabilidades administrativas graves se tiene hasta septiembre de este año hay mil 580 procesos.

En su comparecencia dijo que de octubre de 2022 a octubre de este año la Función Pública recibió 99 denuncian penales por enriquecimiento ilícito, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.

Al hablar en defensa de su trabajo al frente de la Función Pública, Roberto Salcedo aseveró que el enfoque que se ha privilegiado para combatir la corrupción es eminentemente preventivo y se sustenta primordialmente en el fortalecimiento del control interno, el arraigo de la ética pública y el seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos. Igualmente relevante es la participación ciudadana, que involucra a la contraloría social, los testigos sociales en los procesos de contratación, los sistemas de denuncias y alertadores de la corrupción y el fomento de la integridad empresarial.