El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra, urgió en la necesidad de revertir el sistema de opresión, ignorancia y asimetría que impide el pleno desarrollo de la mujer.

En la firma del Pacto por una Justicia Abierta con Perspectiva de Género, refrendó el compromiso de eliminar las prácticas discriminatorias y los estereotipos que inhiben una impartición de justicia a la altura de las aspiraciones de la sociedad.

En la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reconoció el desafío de construir un modelo de justicia abierta, capaz de responder a la gran diversidad de realidades del México actual, y se pronunció por lograr una igualdad sustantiva.

Con la presencia de los representantes de organizaciones ciudadanas, instituciones académicas, órganos de justicia, órganos autónomos firmantes del pacto, el magistrado puntualizó que la jurisdicción local del país se une al propósito de garantizar el derecho a la información en condiciones de igualdad y la democratización judicial.

El también presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) delineó acciones a favor de la justicia igualitaria para las mujeres, como la inversión en infraestructura destinada a proteger a víctimas de violencia para resguardar su seguridad e identidad y la atención de solicitudes de medidas de protección para ellas con mayor puntualidad y eficacia.

Mencionó que se ampliará la capacidad operativa de los órganos jurisdiccionales para realizar ajustes a los procesos y procedimientos, con el objetivo de eliminar pasos innecesarios y agilizar la pronta impartición de justicia.

“Estamos trabajando para hacer públicas las sentencias en su versión de consulta y difundir aquellas deliberaciones que adopten una perspectiva de género con la sensibilidad humana y solvencia técnica para convertirse en referentes del quehacer jurisdiccional en esta nueva era”, aseveró.

Además, dijo que se ampliará la vinculación institucional para impulsar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en acompañamiento con los tres poderes de la Unión.

El magistrado reconoció a los convocantes del pacto, que es una iniciativa ciudadana en colaboración con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia; la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey; el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana; el Centro de Investigación y Docencia Económicas; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.