Nacional

Cunden moches en adjudicación de obras y proyectos carreteros (Primera parte)

La red apunta a las direcciones de Carreteras y Contratos de la SCT. Además de mordidas, se obliga a la alianza con empresas a modo. Para este rubro, la dependencia ha manejado recursos por 83 mil mdp de 2019 a 2021.

Archivo

Archivo

Moches, procesos de licitación amañados y prebendas con “empresas amigas”, la mayoría de reciente creación, perfilan un escándalo en el sector carretero nacional.

Crónica tuvo acceso a contratos, denuncias y testimonios, los cuales revelan el modo de operación anómalo de diversos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pese a los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre corrupción cero.

Se trata de una red cuyos integrantes son llamados en el medio los “ten percent” -un mote de reminiscencias oscuras-, en alusión al porcentaje solicitado a quienes son favorecidos con contratos en el sector.

Especial

Especial

Especial

Especial

Los abusos apuntan, en específico, a la Dirección General de Carreteras, de la cual ha sido separado en estos días -al menos en términos operativos- quien fuera su titular desde el inicio del sexenio: Francisco Raúl Chavoya Cárdenas. Aunque proveedores, empresarios y funcionarios del área confirmaron su cese, todavía sin hacerse público y sin versión oficial, en la nómina registrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) aparece aún en el puesto, con un salario bruto mensual mayor a 141 mil pesos.

Al interior de la SCT, se ha señalado como causa de su separación secreta, la cantidad de denuncias por corruptelas presentadas ante la propia SFP y el Órgano Interno de Control de la dependencia federal. Las investigaciones en su contra -como las relacionadas con otros funcionarios- siguen su curso.

En distintos periodos y cargos, Chavoya Cárdenas ha estado ligado a la SCT desde 1983, en el sexenio de Miguel de la Madrid, y a la Dirección de Carreteras desde 2002, en el gobierno de Vicente Fox.

La actual crisis salpica a la Subsecretaría de Infraestructura, cuyo titular fue hasta el 31 de marzo pasado Cedric Iván Escalante Sauri, despedido por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Chavoya y Escalante han sido viejos aliados, hasta el punto de asociarse en 2007 para la creación de Consultores y Constructores Escalante S.A de C.V, la cual desde entonces se abocó a conseguir múltiples contratos en la SCT, en especial después del nombramiento de Cedric, ese mismo año, como Director General de Carreteras en la administración de Felipe Calderón.

Escalante fue dado de baja de la 4T un día después de ventilarse en la mañanera presidencial el “conflicto de intereses”, pues su compañía de cuates mantenía vigente un contrato para la construcción de carreteras en Oaxaca.

“La cabeza de la empresa era Cedric, pero quien la manejaba era Chavoya. A lo largo de los años participaron en varios proyectos para la Dirección de Carreteras y algunos de ellos quedaron a medias o no se entregaron, tuvieron deficiencias. Por eso, cuando se nombró a Escalante como subsecretario del actual gobierno, se dio la orden al interior de borrar esos faltantes, para que su historial quedara limpio”, describió a este diario una de las funcionarias de la institución, la cual pidió reservar sus datos.

Archivo

Archivo

Como sucesor de Chavoya en la Dirección de Carreteras, ya se baraja el nombre de Jerónimo Armando Báez Torres, otro “viejo lobo de mar” con 40 años en la SCT. En el pasado ha sido involucrado en la compra irregular de camiones para la empresa Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla (ATAH), de la cual es accionista. Al inicio de este gobierno aparecía como Director General Adjunto de Carreteras, pero tras la decisión presidencial de desaparecer este escalafón, se le nombró como titular de la Dirección Coordinadora de Construcción y Modernización de Carreteras Federales.

Conforme a las denuncias, las “mordidas” se concentran en los concursos de obra pública para construcción, reconstrucción, conservación, ampliación y modernización de carreteras, tramos y caminos rurales, así como para la realización de estudios y proyectos de ingeniería: topográficos, geotécnicos y relacionados con mecánica de suelos, puentes, pasos vehiculares o peatonales y entronques.

No es un rubro cualquiera en manejo de recursos públicos: de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, la administración actual le ha destinado de 2019 a 2021 casi 83 mil millones de pesos y para 2022 están contemplados otros 25 mil millones.

Los cochupos, según testimonios, tienen como hilo conductor la filtración del presupuesto base de cada obra y estudio, así como la manipulación de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los concursantes, el puntaje y el dictamen, a cambio de una tajada del monto total del contrato, el cual va de entre el 5 y el 10 por ciento.

En la SCT el fallo en licitaciones se basa en una evaluación de cada propuesta técnica, la cual contempla aspectos como capacidad, experiencia, especialidad, propuesta de trabajo y cumplimiento de contratos anteriores. A cada tema se le asigna una calificación, cuya suma total debe superar los 45 puntos. De lo contrario, es desechada, sin oportunidad de pasar a la fase de análisis de la propuesta económica y a la subsecuente adjudicación.

Para la distorsión y falseo de valores -en beneficio de quien, previo acuerdo, entregará una recompensa monetaria- esta red de sobornos utiliza a personal en puestos menores: los llamados analistas de obra, encargados de las calificaciones y con un salario neto inferior a 10 mil pesos mensuales.

En el procedimiento y palomeo están implicados, a decir de los denunciantes, el Director de Contratación: Jesús Luna Ríos, con un historial de décadas en la SCT, y Ricardo Olvera González, Subdirector de Obras Especiales, también añejo en la dependencia.

Sin embargo, en la punta de esta telaraña de moches está la Dirección de Carreteras (con el señalado, llevado y traído Chavoya Cárdenas), a la cual se le entrega el amañado y dirigido dictamen final, para el aval definitivo.

“¿Quién le entra?”, parece ser la frase sugerente en esta trama. Los favorecidos tendrán, en algunos casos, la obligación de aliarse con otras empresas sin experiencia y creadas a modo, para ejecutar obras o proyectos.

Las historias van más allá de una generalidad: tienen nombres y apellidos; puestos, lugares, métodos, tiempos y montos. Y aquí habrán de detallarse…