De aprobarse en sus términos, el Ejecutivo federal podrá publicar incluso esta misma semana las reformas en materia de Ley de Amparo que debate este miércoles el pleno de la Cámara de Diputados, por lo que estaría entrando en vigor un día después de su publicación, con lo que en caso de que la oposición quiera frenar su aplicación sólo tendría que ser vía la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con una acción de inconstitucionalidad para invalidarlas, pues ya los jueces estarían impedidos para suspendarlas. “Son tramposos”, dijeron los legisladores del PRI, PAN y PRD.

En voz de Morena, Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, al posicionar el dictamen de la minuta, lanzó: “No aceptamos el gobierno de los jueces”.

Juan Ramiro Robledo Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, apuntó que en ninguna parte de la Constitución se autoriza a los tribunales suspender leyes del Congreso de la Unión, pero el Poder Judicial de la Federación se ha atribuido facultades que rebasan sus competencias.

“La interpretación judicial se ha otorgado a sí misma facultades que no están en el derecho mexicano”, dijo al señalar el hecho de que un solo juez de amparo o un magistrado declaren que una ley es inconstitucional “es anteponer a una persona (...) frente a la potestad soberana de 628 representantes de elección popular”.

Morena y sus aliados aprobarán la tarde de este miércoles reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución en materia de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales.

Robledo Ramírez señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se atribuye asuntos que no están dentro de su competencia.

“No aceptamos el gobierno de los jueces en México”, remarcó y refirió que en el Poder Judicial se ha entendido que el interés privado está por encima del interés público”.

El diputado morenista indicó que el dictamen es el principio de una gran reforma judicial que abona a la división de poderes, la certeza del Estado de derecho y el orden de la República. “Lo que se busca es que el amparo no se use con fines partidarios”.