Cónyuges, hermanos, primos y demás familiares de funcionarios delegacionales de la Secretaría del Bienestar aparecen en la lista de aviadores investigada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En este modo de operación se usa la nómina de los llamados Servidores de la Nación (SN).

Aunque la dependencia mantiene abiertas indagatorias en todos los estados del país -algunas derivadas de alertas en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas sobre Corrupción (SIDEC)-, sobresale el caso de la delegación del Bienestar en el estado de Puebla, porque alcanza a “servidores públicos” de alto nivel.

En esta entidad se ha documentado la incorporación a la plantilla de SN´s de cónyuges y otros parientes de la actual delegada federal Vida Inés Vargas Cuanalo, quien apenas a finales de agosto pasado asumió el cargo, en sustitución de Rodrigo Abdalá Dartigues, sobrino del aún titular de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett. Así como de Eliseo Ramos Durán, director general de Análisis y Prospectiva en la delegación, y considerado brazo derecho de Abdalá, quien ahora ocupa la Subsecretaría de Planeación del Bienestar, ya a nivel nacional.

Vargas Cuanalo ha ocupado diversos puestos en administraciones estatales y locales encabezadas por el PAN, y se le considera cercana a Ignacio Mier Velazco, coordinador de los diputados federales morenistas en San Lázaro. Apenas a principios de 2020 ella había ingresado como promotora a la delegación poblana.

Se considera aviadores a quienes reciben sueldo en oficinas de gobierno sin trabajar.

De acuerdo con documentos compartidos a Crónica, su esposo Víctor Manuel Rosales Muñoz ha cobrado como Servidor de la Nación en el estado, adscrito a la Unidad de Coordinación de Delegaciones y supuestamente realizando “levantamiento de censos”. Conforme a la declaración de situación patrimonial, su sueldo es de 10 mil 603 pesos mensuales.

Según su perfil profesional, Rosales Muñoz es Maestro en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Antes -de 2014 a 2018- fue secretario general del Ayuntamiento de Tepeaca.

En su declaración también reporta entradas por poco menos de 18 mil pesos, bajo el rubro de servicios profesionales, consejos, consultorías y asesorías.

El esposo no ha sido el único en el listado de abusos. También la prima de la superdelegada: Mayra Consuelo Cuanalo Velázquez, con una base de confianza como Enlace de Prestación de Servicios a la Nación y, en teoría, con la misma labor: “Levantamiento de censos”.

De acuerdo con su declaración patrimonial, ha recibido por esa tarea un salario de 9 mil 603 pesos, aunque en su constancia de nombramiento aparece con una remuneración total, incluyendo compensaciones, de 10 mil 603 pesos.

Se registra en sus datos curriculares como licenciada en ingeniería industrial por el Instituto Tecnológico de Puebla, con experiencia como auditor de calidad y auditor técnico en el ramo automotriz.

En la nómina de la SFP, la superdelegada Vargas Cuanalo se muestra con un salario bruto de 126 mil 617 pesos.

Otro de los casos involucra a Eliseo Ramos Durán, uno de los principales operadores del Bienestar en la entidad, al servicio del grupo encabezado por Abdalá Dartigues, y quien recibe el mismo salario bruto: casi 127 mil pesos.

Su esposa Janeth León Morales, una conocida presentadora de noticias en la entidad (Imagen Televisión de Puebla), también ha estado inscrita como Servidora de la Nación, aunque al interior de la dependencia ya es conocida como “Aviadora de la Nación”.

En su declaración patrimonial y de intereses, se presenta como una persona con escolaridad máxima de secundaria, originaria de Tulancingo (Hidalgo) y con experiencia en ventas, administración y servicios financieros, en especial en bancos. La encomienda principal en el Bienestar, apunta, es la de brindar atención directa al público y a los beneficiarios de programas sociales, por lo cual recibe una percepción de 9 mil 604 pesos, aunque en su Asignación de Remuneraciones se citan 10 mil 603 pesos al mes.

Su área de adscripción también es la Coordinación Federal de Delegaciones.

Como Servidores de la Nación, los implicados en esta red de aviadores firmaron una carta en la cual se comprometen a conocer y aplicar el Código de Ética para las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal, el Código de Conducta de la Secretaría del Bienestar y las Reglas de Integridad, en las cuales se establecen principios y valores de actuación obligatorios para todos los funcionarios gubernamentales, tales como “legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, disciplina, objetividad, profesionalismo, integridad, eficacia y eficiencia en el desempeño de los cargos, para brindar mejores servicios a los sectores más desprotegidos de la ciudadanía”.

La SFP continuará las investigaciones para determinar la responsabilidad administrativa de todos los involucrados.