El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por mayoría de votos que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) está obligado a difundir los precios pactados en los contratos celebrados en 2022, para hacer compras de emergencia de energía eléctrica en Baja California.

Al pronunciarse sobre el asunto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó que resulta fundamental mantener la integridad, estabilidad y continuidad del servicio de suministro energía eléctrica en Baja California, el cual tiene un carácter estratégico y prioritario para la población.

Por ello, Esquivel Mossa consideró necesario reservar la información relativa a los precios pactados para la contratación de potencia en el sistema eléctrico de Baja California en casos de emergencia, pues de lo contrario se pone en riesgo la seguridad nacional.

La jueza advirtió que divulgar dicha información podría generar que se encarezcan los costos, que la energía deje de proporcionarse y que se colapsen las redes en Baja California.