Con el fin de evitar que se incrementen las acciones discriminatorias y violatorias al libre tránsito contra ciudadanos mexicanos por parte del personas del Instituto Nacional de Migración (INM), con el pretexto de ser sospechosos de ser migrantes, el Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI) lanzó este martes un exhorto a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que en la propuesta que discutirán este viernes, no se extiendan facultades al personal migratorio para realizar revisiones a cualquier mexicano en el país.

El llamado del IMUMI deriva de la preocupación de denuncias presentadas por revisiones arbitrarias a ciudadanos mexicanos por parte de personal de migración, lo que viola sus garantías de libre tránsito.

Este 1 de diciembre los ministros de la máxima Corte del país discutirán el proyecto de sentencia AR 275/2019, elaborado por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, que propone extender facultades al personal migratorio, con lo que se autorizaría realizar inspecciones migratorias a todo connacional.

La polémica propuesta ha encendido las alarmas, ya que concede facultades de revisión al INM que no están previstas en la Ley de Migración y viola el artículo 11 de la Constitución, ya que el visto bueno a esta controversial propuesta implicaría un retroceso en materia de derechos humanos, toda vez que todas las personas en México estaríamos considerados como extranjeros y en consecuencia, al existir “sospecha” de que cualquier ciudadano podría ser considerado no mexicano, deberá acreditar la nacionalidad ante los agentes migratorios, ya sea a través de una identificación o por medio de una entrevista donde se acrediten la nacionalidad.

De acuerdo con la propuesta de Ley de Migración, los agentes del INM pueden realizar revisiones a la población mexicana en las fronteras internacionales, mientras que el artículo 11 de la Constitución señala que: “Toda persona tiene derecho a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”. Sin embargo, el proyecto busca extender facultades al INM para que realice revisiones en todo el territorio nacional, violando con ello el principio de legalidad y el derecho a la nacionalidad.