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Dos de los trece fideicomisos que López Obrador ordenó eliminar están alojados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; uno no tiene dinero, al tratarse de un fondo para trabajos bilaterales con la justicia española, que se ha usado una sola vez desde que se creó; el otro, es uno destinado a proteger a trabajadores de base que enfrentan enfermedades catastróficas, aquellas que destruyen la economía familiar por la compra de medicinas y tratamientos complementarios.
Se trata de un derecho adquirido por los trabajadores del máximo Tribunal Electoral y que es una aspiración global en muchos sindicatos: aquello que no cubre el sistema de salud al enfrentar enfermedades como el cáncer, enfermedades terminales u operaciones, debe ser sufragado por la familia, conduciendo a deudas que destruyen la economía familiar durante años.
El fideicomiso se integra por aportaciones bipartitas trabajador-patrón y es administrado generalmente por la institución financiera donde se radica el fideicomiso, además de que los fondos que contiene no solo son reportados públicamente, sino que se publican periódicamente en el Diario Oficial de la Federación.
Lo dicho por el presidente López Obrador en torno a los fideicomisos, como en tantos otros casos, es simplemente mentira y calumnia al cobijo del uso de recursos públicos para ejecutar la llamada mañanera. Los ministros no se encuentran en cobertura dentro del fideicomiso.
El Tribunal Electoral participa, de hecho, solo en los dos referidos fideicomisos y, como se indicaba previamente, uno de ellos está vacío. Se trata del Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España, cuyos antecedentes más remotos están en 1996, y que además tiene participación directa de la Secretaría de Hacienda.
El desarrollo de sistemas de gestión de los casos sometidos a los máximos administradores de justicia electoral era el atractivo que tenía este fideicomiso para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El segundo caso es el Fideicomiso de Apoyos Médicos Complementarios y de Apoyo Económico Extraordinario para los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación, tiene la finalidad de apoyar a los trabajadores de base, los que ganan menos, frente a gastos catastróficos en salud. Actualmente, cuenta con 16 millones 335 mil pesos.
Explícitamente, el contrato fiduciario, que pasó a manos de Nacional Financiera, expone que los beneficiarios son los trabajadores de la Suprema Corte que ocupen una plaza correspondiente a un puesto de nivel operativo, su pareja, concubino, sus hijos menores de 18 años o menores de 22 que permanecieran solteros y estudiando nivel superior, así como hijos aquejados por una enfermedad incapacitante.
En todos los casos, el trabajador del Tribunal debe comprobar ante un Comité Operativo del Fideicomiso de la situación que enfrenta antes de recibir ayuda.
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