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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría Agraria entregar la información relacionada con el proyecto del Tren Maya y la afectación de superficies de tierras pertenecientes al núcleo ejidal denominado Tebec, en el municipio de Umán, en el estado de Yucatán.
Elo luego de que la Procuraduría Agraria se negó a entregar esa documentación a un particular bajo el argumento de que era información clasificada al amparo del Decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 18 de mayo de 2023, por el cual se declaran como seguridad nacional e interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo del Tren Maya.
Sin embargo, y luego de analizar el caso, determinó improcedente la reserva de los documentos, ya que está basada en la emisión de un decreto general que contradice lo establecido en la Ley, en el sentido de que toda clasificación debe atender a las particularidades de la información solicitada y es necesario aplicar una prueba de daño.
Asimismo analizó la información confidencial contenida en los documentos y se consideró procedente clasificar la huella digital de los ejidatarios registrada en los listados de asistencia a las asambleas.
Por tanto, el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta de la Procuraduría Agraria, a fin de que proporcione a la persona solicitante los documentos de su interés, en los que únicamente debe proteger la huella digital de los ejidatarios, con base en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“Con esta resolución, colegiada e imparcial, la sociedad mexicana tiene constancia de que este organismo garante seguirá velando, sin titubear, por la aplicación del principio de máxima publicidad, más aún si se trata de obras de infraestructura como la presente, que ha despertado un genuino interés de la sociedad por conocer su impacto presupuestal, ambiental y económico. Negarle a la ciudadanía ese derecho, es negar su papel soberano sobre los asuntos públicos y, cuando tal agravio sucede, para eso existe el INAI”, afirmó su Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Recordó que la lucha por evitar las reservas previas, generales y dogmáticas de información no ha sido fácil, porque, el mismo día – 18 de mayo pasado – que la SCJN le dio la razón al Instituto al invalidar el Acuerdo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo Decreto que declaró de interés público y seguridad nacional las obras del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
En ese momento – explicó – el INAI no contaba con el quórum suficiente para sesionar, por lo que no podía presentar una nueva controversia constitucional.
“Hoy, gracias a que el Máximo Tribunal habilitó al INAI para reactivar este Pleno con cuatro Comisionados, nuevamente tenemos la oportunidad de defender el derecho a saber en torno a proyectos como este y corroborar, desde criterios estrictamente técnicos, que la publicidad sea la norma y la clasificación de la información, la excepción”, estableció
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