Las dirigencias nacionales del PAN y PRD pidieron al PRI aplazar hasta marzo del 2024 la discusión de su iniciativa para ampliar la presencia de la Guardia Civil en las calles y en tanto trabajar una propuesta real, construida de la mano con la sociedad civil y con la coalición Va Por México para transformar y consolidar esa corporación en una policía nacional civil, y solo entonces poder valorar la pertinencia o no de ampliar el plazo constitucional hasta 2028 como pretende el tricolor que encabeza Alejandro Moreno.

“El plazo para que esta disposición establecida en el 5o transitorio constitucional venza es en marzo de 2024; es decir, todavía falta un año y medio, por lo que no existe ningún tipo de urgencia para que se discuta la iniciativa priísta”, recalcaron

Asimismo exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador mejor rectificar su estrategia contra la inseguridad donde la guardia nacional civil sea la encargada de ejecutar esa tarea y las Fuerzas Armadas, participen solo de forma extraordinaria y complementaria.

Los presidentes nacionales del PAN y PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, insistieron a los diputados del PRI retirar su propuesta para reformar al 5o transitorio constitucional para ampliar la presencia de la Guardia Nacional en las calles o en su caso votar en contra de esa iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre, con lo cual se daría tiempo para construir como Coalición “una propuesta responsable”.

La bancada priista y Morena han manifestado su intención de discurtir y en su caso aprobar en breve esa iniciativa del tricolor.

En ese contexto, PAN y PRD o plantearon la necesidad de realizar un Parlamento Abierto para que se conozcan las preocupaciones de académicos expertos en la materia y tener diagnósticos objetivos sobre la situación del sistema de seguridad pública del país, a fin de poder plantear las respuestas más adecuadas para el mejor funcionamiento de las instituciones de seguridad pública de todo México.

En un comunicado conjunto, ambos partidos dejaron en claro que a diferencia de lo que prometió en campaña y no cumplió López Obrador, ni el PAN ni el PRD piden que regresen los militares a los cuarteles.

“Lo que estamos pidiendo es que se corrija la fallida estrategia de seguridad que ha incrementado los niveles de violencia e inseguridad y que, como cualquier país democrático en el mundo, México tenga una Policía Nacional civil, bien pagada, equipada y organizada”, establecieron

TRAMPA

Alertaron que esta medida pone en “un altísimo riesgo” a las Fuerzas Armadas por asumir una responsabilidad que no les corresponde -la seguridad pública- lo que origina graves consecuencias por las violaciones al orden constitucional e internacional de su actuación y por los saldos oprobiosos de pérdidas de vidas humanas.

La presencia de la Guardia Nacional militarizada por cuatro años más potencia “los desastrosos resultados que hoy se tienen y no hay duda que se pueden anticipar las terribles cifras de homicidios violentos y desapariciones”, advierten

En ese sentido, pidieron al tricolor que lo que deben hace la oposición de aquí a que concluya el plazo para que la Guardia Nacional sea totalmente civil es vigilar que en el plazo constitucional restante se respete esta condición.

Recalcaron que al igual que la mayoría de la sociedad mexicana, coinciden con las expresiones de las dirigencias nacionales de Morena y PRI respecto a que el gobierno debe hacer todo lo necesario para brindar seguridad a las personas y a sus bienes; pero siempre en estricto apego a nuestra Constitución.

Advirtieron que desde su creación y hasta la fecha, la Guardia Nacional ha estado bajo mandos militares y la integran en un 80 por ciento personal proveniente de las fuerzas armadas pero ahora con la iniciativa que aprobó Morena en días pasados, se ve más lejos la posibilidad de consolidarse como una verdadera policía civil”.

Lo peor—agregaron—es que se ha abandonado completamente a las policías estatales y municipales.

Los incrementos en los índices de violencia e inseguridad en estos tres años y medio evidencian que la estrategia gubernamental de seguridad y de combate a la delincuencia ha fracasado rotundamente.