De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2020 se registró un número mucho menor de nacimientos, respecto de los que se registraron en 2019, año en el cual se contabilizaron 2.092 millones de niñas y niños nacidos vivos. Para el año 2020 la cifra fue, en contraste, de 1.62 millones, es decir, 22.3% menos.

También es importante señalar que hubo disminuciones muy significativas en el número de nacimientos de niñas y niños cuyas madres eran menores de edad al momento del parto. En efecto, entre las niñas menores de 15 años se llegó a la menor cifra histórica, con 5,007 casos; mientras que entre quienes tenían de 15 a 18 años el dato es de 151,579, lo que significa una disminución de alrededor del 33% respecto de las cifras del 2019.

Con base en esos datos, lo que se tiene es que el registro de niñas y niños cuyas madres eran menores de 15 años, representaron el 0.31% del total de los ocurridos en el 2020; Desde esta perspectiva, es interesante observar que hay 16 entidades federativas en las que se rebasa el promedio del país. Entre ellas, las que registran los más elevados porcentajes son Chihuahua, donde los nacimientos en el segmento de edad señalado, representaron el 0.53% del total estimado en la entidad; seguida de Chiapas y Sinaloa, con 0.49% cada una de ellas; Guerrero, con 0.48%; Nayarit, con 0.45%, Baja California, con 0.41% y Tabasco, con 0.40%.

Por su parte, los nacimientos registrados en el segmento de mujeres de 15 a 19 años, representaron el 14.2% del total nacional; en ese indicador, también hay 16 entidades donde se supera el promedio nacional, siendo las más notables: Guerrero, con el 17.2% del total de los nacimientos registrados en el estado; Tlaxcala, con 16.9%, Chihuahua, 16.8%; Puebla, con 16.7%; Coahuila, 16.6%; Chiapas, 16.5%; Durango, 16.4%; Veracruz, 15.8%; y Aguascalientes y Michoacán, con 15.3% en cada uno de ellos.

El otro grupo que es importante observar es el de las mujeres de 20 a 24 años, quienes siguen siendo mujeres muy jóvenes pues, en sentido estricto, su segmento etario implicaría que podrían estar inscritas en la educación superior. Así, en este segmento se concentra el 26.8% del total de los nacimientos del país, es decir, prácticamente uno de cada cuatro niños que nacen en México, son hijas e hijos de mujeres que estaban en el segmento de edad señalado al momento del parto.

En este indicador, son 19 las entidades que rebasan los valores del promedio nacional, siendo las que tienen los números más elevados: Tlaxcala, con 29.3%; Chihuahua, 29.1%; Coahuila, 29%; Campeche, 28.9%; Puebla, 28.7%; Chiapas, 28.5%; Durango, 28.3% y Tamaulipas, 28.1%.

Considerando a los tres grupos de edad señalados, concentraron en 2020, el 41.3% de los nacimientos del país. Hay, de acuerdo con los datos del INEGI, 17 entidades donde se rebasa ese porcentaje, siendo las entidades con mayor proporción de nacimientos en mujeres jóvenes: Chihuahua, con 46.5%, Tlaxcala, 46.4%; Coahuila, 45.9%; Puebla, 45.8%; Chiapas, 45.6%; Guerrero, 45.4% y Durango, 45.1%

Es importante decir que estas entidades han registrado históricamente indicadores elevados en lo que a embarazo adolescente se refiere, con lo que, a pesar de la reducción asociada a la pandemia, las desigualdades entre estados se mantienen, y de hecho alertan de la posibilidad de un nuevo repunte una vez que logre superarse la emergencia económica y, sobre todo, la sanitaria.

En efecto, los estados que por su parte registraron los menores porcentajes acumulados para todo el grupo de mujeres menores de 25 años, son los estados de Jalisco, con 37.3% del total; Nuevo León, 36.3%; Baja California, 35.5%; Hidalgo, 33.7% y Ciudad de México, 32.4%.

Esta información permite sostener que a pesar de las disminuciones registradas en el 2020, México sigue siendo un país que está muy lejos del cumplimiento integral de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y particularmente de las más jóvenes; que hace falta mejorar, robustecer y ampliar las campañas de información, así como los presupuestos para garantizar el acceso efectivo a métodos de prevención del embarazo, para garantizar que el embarazo y la maternidad sean realmente una elección libre de cada mujer.

En las últimas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado tres pasos muy significativos al haber declarado como inconstitucionales, aquellos ordenamientos en los que se penalice de manera absoluta la interrupción voluntaria del embarazo, en los que se pretende “la protección de la vida desde la concepción”; y también en materia de objeción de conciencia. Todo ello bajo el reconocimiento del derecho de toda mujer a decidir de manera informada y libre sobre su cuerpo.

Lo que hará falta ahora es que en los gobiernos, en los tres órdenes, se comprenda a cabalidad el alcance de tales determinaciones, y la obligación de todas las autoridades de dar cumplimiento a las Normas Oficiales vinculadas a estas materias; y a diseñar las políticas y programas de que aún carecemos para cimentar una sociedad que deje de ser represora de la sexualidad, que busca el control y el ejercicio del poder a través del control del cuerpo, y con ello, la reproducción de una sociedad patriarcal y machista. Eso, definitivamente, debe quedar en las páginas negras del pasado y de una historia que no debe repetirse más.

Investigador del PUED-UNAM

www.mexicosocial.org