El Consejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados Covarrubias, dijo que en la Ciudad de México se han capacitado a 140 defensores públicos en materia de derechos humanos para preservar las garantías fundamentales de los capitalinos durante la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Puntualizó que en la capital del país, otros 350 han recibido curso básico y 120 especializado en técnicas de litigación, medidas cautelares, interrogatorio, ejecución de sanciones penales y solución de conflictos a través de medidas alternativas, principalmente.
En el marco de la conferencia Los Derechos Humanos como base del Nuevo Sistema de Justicia Penal, dijo que la preparación de los defensores públicos es una tarea constante que paulatinamente ha ido acrecentándose.
Enfatizó que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur) mantiene un diálogo permanente con la Asamblea Legislativa, para concientizar a sus integrantes sobre las asignaciones presupuestarias que coadyuvan a optimizar las condiciones laborales y de infraestructura de los defensores públicos.
“La capacitación que en lo sucesivo venga, la irá marcando el propio dinamismo que nos lleve durante la primera etapa de implementación, nosotros iremos ajustando cada una de las necesidades para una eficaz aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, sostuvo.
Manuel Granados Covarrubias indicó que en la CDMX se creó la Unidad de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, con el propósito de acompañar a los grupos indígenas, mujeres víctimas de violencia, niños y niñas, discapacitados, adultos mayores y personas en situación de calle.
Acompañado de la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal, María de los Ángeles Fromow Rangel, abundó que en lo que respecta al marco normativo, se publicó la nueva Ley de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, la cual se armonizó a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El titular de la Cejur reconoció la labor de la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia.
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