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Quién lo hubiera dicho: el mismo Ignacio Manuel Altamirano, que a mediados de 1865, en plena Guerra de Intervención, le escribía a Benito Juárez diciéndole “usted, no lo dudo, nos llevará a la victoria”, reconociendo el liderazgo del presidente oaxaqueño que, errante, había salvaguardado los poderes del gobierno republicano, a la vuelta de dos años, en agosto de 1867, no sólo estaba convertido en todo un personaje de la oposición al gobierno restaurado, sino que, junto con numerosos políticos y periodistas, se aprestaba a entrar en una campaña electoral donde la defensa del proyecto liberal, como se había concebido una década atrás, se combinaba con el reclamo de una generación que en el campo de batalla había ganado prestigio y experiencia, y que aspiraba a tener su parte de poder político e institucional.
Así pintaba el proceso electoral en el que Benito Juárez cumplía el compromiso que hizo público al día siguiente de su regreso a la Ciudad de México, en julio de ese 1867: “En nuestras libres instituciones, el pueblo mexicano es el árbitro de su suerte. Con el único fin de sostener la causa del pueblo durante la guerra, mientras no se podían elegir sus mandatarios, he debido, conforme al espíritu de la Constitución, conservar el poder que me había conferido. Terminada ya la lucha, mi deber es convocar desde luego al pueblo para que, sin ninguna presión de la fuerza y sin ninguna influencia ilegítima, elija con absoluta libertad a quien quiera confiar sus destinos”.
Para los entendidos, aquel manifiesto aludía a un pleito intenso y con algunos enconos, que todavía flotaba en el ánimo de la élite política y militar que había encabezado la defensa republicana. A ninguno de ellos se le olvidaba que en noviembre de 1865, la prórroga del mandato de Juárez había detonado un fuerte desacuerdo entre quienes demandaban que el Presidente, aún en la coyuntura de la guerra, entregara el cargo al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, que era el general Jesús González Ortega, y quienes juzgaban que las cosas no estaban como para andar haciendo transiciones, habida cuenta de que era imposible convocar a elecciones. El desacuerdo ocasionó una importante fractura entre los liberales republicanos más importantes; tan duro fue el encontronazo, que los seguidores de González Ortega se alejarían del círculo juarista, acusándolo de haber perpetrado un golpe de Estado.
En ese tono se habían quedado las cosas cuando triunfó el régimen republicano y todo el partido liberal, afines o no a Juárez, se dispuso a participar en el proceso electoral prometido por el presidente.
Finalmente, el 18 de agosto de 1867, se dio a conocer la convocatoria: llamaba a elecciones para diputados, presidente de la República, magistrados y presidente de la Suprema Corte de Justicia. De acuerdo con la Ley Electoral de febrero de 1857, votarían los varones mayores de 18 años, si eran casados o de 21 si no lo eran, y deberían tener “un modo honesto de vivir”. A los 15 días de recibir el documento, los gobernadores de los estados deberían emitir sus propias convocatorias para elegir diputados locales, titulares de los ayuntamientos y mandatarios estatales.
Todo estaba muy bien hasta ahí. Pero la convocatoria de Juárez agregaba que en las boletas donde manifestarían su voto, los ciudadanos también habrían de manifestar si autorizaban al Congreso, sin cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución, para efectuar cinco modificaciones a la Carta Magna, esa misma que había costado tantos desvelos y una guerra civil.
Aunque la convocatoria se acompañó por una amplia explicación redactada por el secretario de Relaciones Exteriores y Gobernación, Sebastián Lerdo de Tejada, el proyecto de modificar la Constitución cayó muy mal en la clase política. Juárez tuvo que salir a defender a Lerdo, contra quien ya llovían las acusaciones de atentar contra el Poder Legislativo y las Leyes de Reforma.
La defensa que intentó el Presidente empeoró las cosas: se hizo evidente la fractura liberal. Aún podemos ver, en la prensa de la época, la virulencia del reclamo. Manuel María de Zamacona, en El Globo, aseguró que se trataba de un golpe “que había aflojado la base de las instituciones”; en El Monitor Republicano, Gabino Bustamante opinó que si eso no era un golpe de Estado, se le parecía mucho. Vicente Riva Palacio en el popularísimo La Orquesta, denunció el intento por lesionar a una Constitución que muchos consideraban intocable.
Y para colmo, sí había un candidato, además de Juárez, dispuesto a contender por la Presidencia. Era joven, con habilidad política y prestigio de héroe de guerra. Se llamaba Porfirio Díaz.
Así se fortaleció el grupo que impulsó electoralmente al joven general y lo convirtieron, para efectos de la campaña, en un defensor de la Constitución de 1857. De repente, en la vida pública y en la prensa se hablaba abiertamente de un partido antijuarista.
Surgieron numerosos periódicos —unos 40, calcularon en la redacción de La Orquesta— al calor del proceso electoral. La mayor parte de ellos, promotores de la candidatura de Porfirio Díaz. Ignacio Altamirano, que tenía en sus manos la bonita suma de ¡mil pesos! de aquel entonces, pues le habían pagado sus sueldos atrasados de coronel del ejército republicano, los invirtió en crear un periódico El Correo de México, dedicado a criticar la convocatoria y a favorecer a Díaz. Se empezó a hablar de un naciente “partido progresista” que parecía multiplicarse en la prensa. El gobierno, para defender la aspiración reeleccionista de Juárez, tuvo que echar mano, incluso del Diario Oficial para hacer frente embestida periodístico-política, que ya empezaba a llamar “dictador” al Presidente.
Pese al rudo intercambio, las crónicas periodísticas aseguran que los ciudadanos dieron muestra de “civilización”, y que habían acudido con “gusto y satisfacción” a votar. Aunque los resultados, que se publicaron el 8 de octubre dieron la victoria a Juárez, hubo consenso, en ambos partidos, en que la campaña había sido sustentado por un debate decente y caballeroso.
Eran tiempos en que eso llamado “honor”, formaba parte de los valores de la vida política.
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