La justicia alemana autorizó ayer extraditar a España al expresidente catalán Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero descartó la posibilidad de imputarle el delito de rebelión, que solicitaba la justicia española.
Que la justicia alemana descarte el delito de rebelión implica que la justicia española no puede juzgar a Puigdemont por ese delito.
La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein explicó que ha considerado “no admisible” la petición de extradición por rebelión, solicitada por el juez Pablo Llarena del Tribunal Supremo español, reiterando los argumentos que ya había expuesto previamente, en los que apuntaba que no se produjo el grado de violencia “suficiente”.
“La cantidad de violencia que prevé el delito de alta traición (equivalente alemán al tipo español de rebelión) no se alcanzó en los enfrentamientos en España”, asegura la resolución.
Tampoco admite el delito de perturbación del orden público, que planteó también la Justicia española en el caso de que no se admitiese finalmente el delito de rebelión, alegando que Puigdemont “no era el líder espiritual de las acciones violentas”.
La audiencia sí admitió la petición de extradición por malversación de fondos públicos en relación con la organización del referéndum unilateral e ilegal de independencia de Cataluña del 1 de octubre pasado, aunque asegura que deberá ser la justicia española quien compruebe si la acusación es cierta.
La Audiencia, eso sí, rechazó los argumentos de la defensa del líder independentista, que pedía descartar la extradición argumentando que Puigdemont está perseguido políticamente y tendría en España un juicio justo.
Por otra parte, el juez Llarena podría retirar ahora la petición de extradición al ver que le desestiman el delito de rebelión, como ya hizo en diciembre cuando Puigdemont residía en Bélgica y la justicia también descartó la rebelión.
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