Asociaciones Público Privadas y Contratos Plurianuales, un tema de campañas y electores
Inmersos en este periodo electoral, cuando las campañas políticas nos ofrecen información invaluable sobre los planes de quienes aspiran a administrar el dinero público, vale la pena reflexionar sobre los modelos de vinculación con el poder económico que proponen los partidos políticos. Más allá de simpatías o fobias, el elector, la electora debería mirar el pasado y el presente de la relación entre el poder político y el poder económico. Durante los próximos 90 días escucharemos muchas promesas. Y la pregunta obligada es cómo van a cumplirlas. Es momento de recordar que el Presupuesto de Egresos es finito y que, para cumplir obras en el sector del agua, el transporte, seguridad, salud, será necesario establecer claramente quién lo pagará. Es cierto que la austeridad mata, pero la colusión aniquila el futuro de un país. Quizás ahora tenemos un modelo de conducción estatal que debe mejorar y cuidar los recursos, pero volver a la colusión con el poder económico puede ser muy peligroso.
No decimos una falsedad cuando afirmamos que los servicios públicos son, desde hace muchas décadas, uno de los bocados más apetitosos para el poder económico. Obtener concesiones, por ejemplo, ha sido la semilla de grandes fortunas: Grupo Carso, Grupo México, por sólo mencionar a los más grandes, a los billionarios con los que cuenta la economía. Antes, las concesiones para operar construir y operar carreteras transformaron a constructoras como Tribasa, ICA, Bufete Industrial y Grupo Mexicano de Desarrollo, en poderosas empresas cuyo éxito consistió en mantener el flujo de efectivo garantizado a partir del cobro de cuotas. El problema se presentó cuando sus deudas desbocaron su estructura financiera. Fue así como tuvimos un rescate carretero.
Oxfam recuperó los números de la revista estadounidense Forbes para demostrar que la concentración del ingreso en México sigue y que aquella buena noticia de que 5 millones de mexicanos abandonaron la pobreza no debería alegrarnos como si fuera una batalla ganada.
Pero más allá de las concesiones, los llamados esquemas de Asociaciones Público Privadas que, desde la década de los noventas dominaron los argumentos de las clases políticas y económicas, deben mantenernos alerta. Junto con los llamados Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público, los Pidiregas, las APPs y los Contratos Plurianuales de Prestación de Servicios (CPS), tienen el riesgo de capturar el gasto público y transformarse en deudas perpetuas.
Una concesión, un APP, un Pidirega o un CPS sólo se justifican cuando el actor privado proporciona al Estado un beneficio mayor, una estricta rendición de cuentas, y – por supuesto – la posibilidad de liberar recursos para dotar de servicios esenciales a la población: salud, infraestructura y seguridad. Por ello, resulta un contrasentido que se otorguen este tipo de contratos no sólo para construir infraestructura sino también para operar hospitales. En particular, los contratos para servicios como las centrales de mezclas de medicamentos oncológicos generaron una perniciosa y cara dependencia. Y eso no hubiera tenido nada de malo si, al final de la historia, el servicio hubiera sido impecable y beneficioso para los pacientes y contribuyentes. El problema es que ni siquiera hemos contado con ello. Tenemos, entonces, infraestructura que se cae, centrales de mezclas en donde se cuelan las bacterias y afectan a bebés o cárceles en donde la reinserción es un tema olvidado.
Ahora, escuchamos a políticos como Santiago Taboada, candidato por la alianza de los partidos de oposición, afirmar sin rubor alguno que los contratos con fórmulas de participación privada y pública sobre la opción para solucionar problemas como el acceso al agua; también lo escuchamos mencionar que la deuda se debe dirigir a obtener recursos para garantizar el mantenimiento y modernización del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). Este fin de semana también escuchamos a la candidata Xóchitl Gálvez proponer una gran cárcel cuando no terminamos de digerir los 8 contratos plurianuales que se firmaron durante el gobierno de Felipe Calderón.