Hay tres aspectos ineludibles para evaluar la consulta de este domingo 10 de abril.

1. En cualquier balance resultará indispensable tomar en cuenta a los ciudadanos que fueron a votar pero, también, a quienes decidimos no hacerlo. Esta es la primera vez en la historia de las elecciones en México que la abstención tiene validez legal, de acuerdo con la Constitución.

2. La operación política del gobierno para llevar votantes a la consulta de revocación fue desmedida y estuvo repleta de ilegalidades. Nunca, al menos en los últimos 40 años, México había conocido abusos de poder tan reiterados y desvergonzados en un proceso electoral.

3. El Instituto Nacional Electoral ha tenido un desempeño esmerado, a pesar de que el gobierno concibió a esta consulta como una celada contra el INE. La autoridad electoral organizó la consulta de manera profesional y eficaz.

Desde el gobierno, con recursos públicos y en flagrante infracción a la Constitución y las leyes electorales, se propagaron mentiras al decir que la votación era para ratificar al presidente, decenas de miles de personas fueron llevadas a eventos políticos como el que hubo el miércoles en el Monumento a la Revolución, se amenazó con la suspensión de apoyos sociales como las pensiones para viejos si AMLO no recibía una votación abundante. Todavía este domingo, en plena consulta, la propaganda afuera de las casillas, el acarreo de ciudadanos en municipios con mayor influencia de Morena y la exigencia a empleados públicos para que votaran, fueron expresiones del retorno al sistema político tramposo y farsante que creímos y queríamos haber superado.

El presidente ha confirmado de manera expresa, con una inverecundia (gran palabra, como diría Gil Gamés) que ni siquiera los augurios más pesimistas acerca de su gobierno pudieron anticipar, que el orden jurídico le tiene sin cuidado. Cuando descalificó a los ministros de la Suprema Corte que estaban a punto de votar si la ley eléctrica es anticonstitucional, dijo una de las frases que de aquí en adelante lo definirán con más precisión: “Que no me vengan a mí con que la ley es la ley, que no vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.

No es sorprendente que el presidente piense así de la ley, a pesar del juramento constitucional que hizo. Su desprecio por las instituciones y su convicción de que por encima de cualquier otra consideración están los propósitos de su movimiento —es decir, los objetivos que a él le convengan— ya eran conocidos, Lo inaudito es la insolencia con la que admite ese desprecio por la legalidad.

De tanto considerar a la ley como si fuese un cuento, los líderes de la llamada 4T la están volviendo una ficción. Allí radica, quizá, el daño más importante que el gobierno de López Obrador significa para México. La pausada y siempre difícil pero hasta hace cuatro años continua construcción institucional —normas, organismos de Estado, precedentes legales— que ha sido a la vez resultado y fundamento de nuestra democracia, está siendo devastada pieza por pieza.

Claudia Sheinbaum haciendo promoción facciosa de la consulta a sabiendas de que comete un delito, Adán Augusto López burlándose de la autoridad electoral mientras acude a mítines políticos en un avión de la Guardia Nacional, Andrés Manuel López Obrador que a diario emplea recursos públicos para intimidar y calumniar a los que etiqueta como opositores suyos, participan de esa disolución de la ley pero además, junto con ello, de una ostentosa degradación moral.

Ni la corrupción, ni las tropelías, son nuevas en el ejercicio del poder en México. Siempre hemos padecido gobernantes abusivos. Pero al menos desde el último cuarto del siglo XX, y posiblemente antes, los gobernantes jamás se ufanaban de no cumplir las leyes y respetaban a sus interlocutores dentro y fuera de las instituciones políticas. Era impensable que a los ministros de la Corte el presidente les dijera que son “abogados patronales”, que desde el gobierno se promovieran campañas de odio contra organismos autónomos, o que a periodistas críticos se les quisiera intimidar como hace López Obrador en contra del valiente Carlos Loret de Mola.

Ahora, el presidente y sus seguidores más cercanos no solamente infringen la ley sino además se jactan de ello. Las normas de la convivencia política, que mal que bien funcionaron por décadas, son quebrantadas con el discurso colmado de patanerías que tanto se ha extendido en el actual oficialismo.

El siguiente acto de esta comedia de alcances verdaderamente trágicos está claramente delineado. Acotada por la polarización que suscita el presidente, debilitada porque el gobierno le negó los recursos financieros que se requerían y finalmente inútil pues la promovieron quienes apoyan a López Obrador, la consulta de revocación fue desairada por la mayor parte de los ciudadanos. El responsable de ese fracaso ha sido el oficialismo, pero López Obrador lo aprovechará para desacreditar a la autoridad electoral.

La campaña contra el INE es el eje del intento del presidente para desmontar a las instituciones que garantizan pluralidad, equilibrios y democracia en el Estado mexicano. La defensa del INE y de su autonomía, por eso, tiene que ser una causa prioritaria de los ciudadanos. Los servidores públicos que hacen posible que el Instituto Nacional Electoral trabaje con responsabilidad y esmero saben que la sociedad los respalda y defiende.

Mientras más arrecie la ofensiva contra el INE, más claro será el desdén del presidente López Obrador por la democracia y sus reglas. Y más comprometida tendría que ser la defensa de esa institución, cuya independencia y profesionalismo resultan más necesarios que nunca.

Las tropelías cometidas por el gobierno y su partido con motivo de la consulta marcan un punto de inflexión en la historia política de México. Se ha confirmado, por si alguien tenía dudas, que para López Obrador y sus adláteres ni las leyes, ni el decoro, son respetables. La mayoría de los ciudadanos no apoya ese intento para desarticular nuestra democracia y nuestra convivencia política.