En una mañanera, el presidente se quejó amargamente de la autonomía administrativa que gozaban algunas de las entidades que forman parte de la administración pública federal que dirige. Este lamento provino del hecho de que no ha podido nombrar al titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) desde el 2019 por la suspensión otorgada en un juicio de amparo contra el oficio en el que propone la terna al Senado para que éste hiciera el nombramiento.

El argumento de los quejosos, organizaciones de la sociedad civil que por definición para el autollamado gobierno de la 4T. son emisarios de la corrupción del pasado y la intervención extranjera en los asuntos nacionales, consiste en que las personas propuestas no cumplían con los requisitos de mínimos de experiencia, ni tenían reconocida competencia profesional y honorabilidad.

El presidente, en su perorata del 21 de septiembre incurre en varias imprecisiones.

Primero, la PRODECON no es un órgano constitucional autónomo, sino un organismo público descentralizado no sectorizado con un alto grado de autonomía financiera derivada de su ley que consiste en una garantía mínima para su operación con base en los presupuestos ejercidos y en la facultad de elaboración del proyecto del presupuesto para su incorporación al que presenta la SHCP y la aplicación directa del mismo.

Segundo, el tabulador de sueldos de la PRODECON está sujeto a los lineamientos generales que para tal efecto emite la SHCP y, por lo tanto, la crítica de que las remuneraciones de sus servidores públicos son excesivas no es procedente para este organismo.

Tercero, la PRODECON sólo asesora gratuitamente a los pequeños contribuyentes, quienes ante la imposibilidad económica de cubrir los honorarios de un fiscalista recurren al Ombudsperson fiscal, por lo que es incorrecto que sirva a los intereses de los “grandes” evasores de contribuyentes.

Tal vez lo que molesta al SAT y el reclamo del presidente frente a la autonomía funcional y de gestión de la PRODECON lo refleja, es que conforme al artículo 5 de su ley, este organismo debe:

• Exigir a las autoridades fiscales de la Federación, una actuación de respeto y equidad para con los contribuyentes,

• Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de las garantías y medios de defensa al alcance del contribuyente,

• Garantizar el cumplimiento de las leyes fiscales, y

• Denunciar ante las autoridades competentes la posible comisión de delitos, así como de actos que puedan dar lugar a responsabilidad civil o administrativa de las autoridades fiscales federales.

La PRODECON, como otras entidades públicas gubernamentales y no gubernamentales que gozan de autonomía constitucional y legal, tienen como misión proteger y promover los derechos de las personas frente a la posible actuación abusiva de las grandes organizaciones públicas o privadas para evitar el comportamiento arbitrario de autoridades, particulares que gestionan lo público, comerciantes o entidades financieras como sucede con la PROFECO -que tiene un espacio semanal en las mañaneras- la CONDUCEF, el IFT, la COFECE, la CNDH, las Comisiones Reguladoras de Energía e Hidrocarburos, así como los tribunales electorales y el Federal de Justicia Administrativa.

En febrero del 2022, Expansión reportó que los senadores debían nombrar o ratificar en el primer semestre de este año más de cien cargos con base en las propuestas que para tal efecto remita el Poder Ejecutivo. La situación no ha cambiado significativamente siete meses después ya sea porque el presidente no ha remitido las propuestas incumpliendo con su obligación constitucional y afectando la operación de los órganos que gozan de autonomía, porque hay suspensiones otorgadas en juicios de amparo debido a la no idoneidad de los candidatos o porque no se han construido las mayorías de las dos terceras que se requieren en el Senado para algunos nombramientos.

En algo tiene razón el presidente y es que estas entidades públicas se fueron creando y consolidando en las últimas tres décadas como una estrategia de limitación al excesivo poder del ejecutivo, que el identifica con el neoliberalismo, y que tiene como principal propósito poner en el centro de la acción pública a la persona humana y desplazar al gobierno a un segundo plano como un gestor de lo colectivo.

Las entidades públicas que gozan de autonomía son garantías formales de que el aparato burocrático gubernamental y no gubernamental (particulares que prestan servicios públicos o de interés público) no actuarán con arbitrariedad, ni impondrán una visión monista al mercado y la sociedad en detrimento de los derechos humanos y el bienestar social. El ataque constante a estas entidades o mantenerlas acéfalas es una estrategia ilegítima que concentra el poder en el gobierno de una persona.