El ataque armado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva el pasado jueves, también es un ataque a la libertad de expresión. Este atentado se suma a la larga lista de amenazas que cotidianamente enfrentan los comunicadores. Su trabajo es muy relevante en favor de los ciudadanos porque la libertad de expresión y de información sigue siendo la primera de todas las libertades, pero también el derecho humano más vulnerado. A México no le conviene que aumenten las acciones de carácter autoritario que intentan acallar la libertad de expresión y restringir el derecho a la información de los ciudadanos. La libertad de prensa forma parte del derecho más amplio a la libertad de expresión y los comunicadores juegan un papel central al informar a la sociedad sobre cuestiones relevantes, introduciendo en el debate público temáticas indispensables para el desarrollo democrático.

Sin libertad de prensa, expresión e información, ¿cómo podríamos luchar contra las injusticias, los atropellos y las intolerancias de nuestro tiempo?, ¿cómo denunciaríamos las masacres de civiles o defenderíamos los derechos de los grupos vulnerados?, ¿cómo podríamos preservar el medio ambiente, alertar sobre la existencia de prisioneros políticos, denunciar los actos de corrupción o las prepotencias del poder, si carecemos de la libertad para informar sobre tales hechos?, ¿cómo se podría invocar la conciencia y la acción de los ciudadanos? El actual clima de violencia afecta el derecho a la libertad de expresión, que resulta indispensable para la formación de una opinión pública informada en las sociedades democráticas. Periodistas y comunicadores representan un grupo extremadamente vulnerable al que no se le respetan sus derechos fundamentales. Sufren amenazas, secuestros, intimidaciones, desapariciones forzadas y asesinatos.

La protección de los periodistas es responsabilidad del Estado, mientras que las libertades de expresión e información representan derechos esenciales para los ciudadanos. La manifestación de las opiniones en prensa, radio, televisión o medios digitales está garantizada por nuestras leyes. La Constitución señala que las ideas no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Afirma la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier tema. Ninguna ley ni autoridad puede fomentar la censura previa, ni coartar la libertad de prensa que es esencial para el ejercicio de la libre expresión. Ella es un instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia deliberativa. El derecho humano a la información no es una concesión del Estado, sino un derecho fundamental mediante el cual los ciudadanos pueden, sin cortapisas de ningún tipo, recibir, difundir y buscar información. Las agresiones tienen efectos multiplicadores porque fomentan la intimidación y generan inquietud, privando a la sociedad del derecho de estar informada. El primer efecto de la impunidad es que desalienta la denuncia. La violencia contra los periodistas se inscribe en el clima de inseguridad generalizada que es actualmente la principal preocupación de la sociedad.

Ya es lugar común afirmar que nuestro país es uno de los más peligrosos del planeta para ejercer el periodismo. El asesinato de 12 comunicadores en lo que va del 2022, plantea la necesidad urgente de adoptar medidas concretas para garantizar su seguridad y combatir la impunidad prevaleciente. Muchas personas –periodistas, reporteros, columnistas, fotógrafos y camarógrafos- han sido asesinadas a causa de sus investigaciones sobre el crimen organizado. Sin embargo, también llama la atención que en diversos ataques contra comunicadores aparecen involucrados servidores públicos o personal subordinado a políticos. La libertad de expresión es uno de los últimos baluartes de la democracia. Por ello, me congratulo que en esta ocasión haya salvado su vida un importante comunicador y por este medio le expreso a Ciro Gómez Leyva toda mi solidaridad.