Opinión
Migración, cadáveres e IP
Rafael Cardona

Migración, cadáveres e IP

En el primer semestre de este año, mucho antes de iniciar la merma de su poder político (eso fue la transferencia del indigenista “Bastón de Mando”), nuestro señor presidente ocupó 120 kilómetros de vías concesionadas a una empresa privada (Ferromex). Pocos días después, el 24 de mayo para ser preciso, la prensa internacional, desperdigaba esta información por medio mundo:

“…El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Ferrosur no recibirá la indemnización millonaria que pidió por la expropiación de 120 kilómetros de vía férrea en el Estado de Veracruz.

“López Obrador ha declarado este miércoles en su habitual conferencia de prensa que existen negociaciones en curso con la empresa del millonario mexicano Germán Larrea y van por buen camino, sin embargo, descartó que el acuerdo implique el pago por parte del Gobierno de una compensación, aunque previamente él mismo había revelado que la compañía le exigió más de 9 mil 500 millones de pesos, unos 530 millones de dólares, para hacer uso del tramo ferroviario…”

De entonces a la fecha las relaciones entre Germán Larrea y el presidente de México quedaron encerradas en una congeladora. El único magnate expulsado del paraíso, al parecer.

Por otra parte y sin relación aparente, las oleadas de migrantes se han intensificado. Hondureños, salvadoreños, haitianos venezolanos, cubanos y de otros muchos otros lugares del mundo, incluido este, colman la plataforma mexicana con la idea de saltar al norte. Al verdadero norte.

Elementos de la Secretaría de Marina custodian las vías de Ferrosur en Coatzacoalcos.

Elementos de la Secretaría de Marina custodian las vías de Ferrosur en Coatzacoalcos.

Cuartoscuro

Durante mucho tiempo “La bestia” y otros trenes, propiedad (casualmente de Ferromex-Larrea- Grupo México), servían para el propósito último de la movilidad: llegar a bordo de un convoy hasta la frontera sur de Estados Unidos, pero ahora el señor Larrea ha entendido el valor geopolítico de sus ferrocarriles y ha cancelado sesenta de ellos.

Ya no pueden los migrantes viajar a lomos de bestia de acero y la política migratoria de los demócratas, acosados por los Republicanos, en vísperas electorales y con este tema como punto central de sus disputas; tiene un elemento más de discordia, porque el patio vecino se abigarra de trashumantes, exigentes de paso.

Razones de seguridad para ellos, dice el boletín, cuyo texto, como el de todos los boletines, es falso. La piedad no es un activo financiero para nadie.

Y casualmente, junto a todo este asunto cuyo aroma de venganza los olfatos finos perciben, el gobierno aviva un tema histórico contra el Grupo Larrea: insiste en el rescate de los mineros de Pasta de Conchos, accidente cuya vejez —como todas las de este gobierno—, no impide su actualización demagógica.

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La secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde ha generado esta información:

“ (SE).- Los tiempos serán ajustados dentro del Plan de Recuperación de Restos en Pasta de Conchos, no suspendidos, señaló ayer en la Región Carbonífera la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.

“El Gobierno federal dio varias fechas previas a las familias de los trabajadores, pero, a 17 años de distancia, la recuperación de los restos humanos no se ha concretado. Esta vez, aseguró Alcalde, no habrá pretextos.

“En reunión con viudas de los trabajadores, a la que se sumó el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, la funcionaria dio un informe sobre la construcción de rampas y lumbreras para acceder a la mina que la madrugada del 19 de febrero de 2006 explotó por acumulación de gas metano..

“Para el primer trimestre del 2024 se iniciará el rescate de los 63 mineros (¿?) atrapados en la Mina 8 de Pasta de Conchos, no habrá ningún atraso, ya que para diciembre del presente año, se concluirá con la preparación de las galerías y se da paso a lo más importante, que es la búsqueda de los restos”, comentó.

Esto no tiene otra finalidad sino insistir en la versión del “homicidio industrial” esgrimida por Napoleón Gómez Urrutia —influyente senador de Morena, y amigo del señor presidente—, en su interminable pleito contra Germán Larrea con una millonada dólares en el medio.