Las multitudes ciudadanas reunidas en defensa de nuestro sistema electoral en todo el país, proyectaron nuevamente la contraposición que existe entre el habitante del palacio y la plaza pública, entre los secretos del Estado y la rendición de cuentas, entre el monarca que manipula sin pudor la realidad y los ciudadanos que ofrecen resistencia a la destrucción institucional. En una palabra, se observa una renovada divergencia entre un Presidente que añora el pasado autoritario y una sociedad civil que busca defender los procesos democráticos derivados de nuestra transición política. Es un ciclo regresivo que busca transformar en sentido premoderno la arquitectura institucional de nuestro sistema político. Se está configurando un nuevo Leviatán como símbolo de un poder desequilibrado e irresponsable.

El tema del poder absoluto nace de la profunda transformación que el universo ideológico, discursivo e institucional de la política mexicana ha experimentado desde la llegada del actual gobierno. Su retórica ha producido vínculos imperativos y lógicas de relación clientelar típicas de sistemas no democráticos que abren el camino a leyes poco meditadas, fuertemente lesivas para los derechos ciudadanos y que cancelan aspiraciones y demandas sociales por parte de mayorías legislativas temporales. Uno de estos casos lo representa la propuesta presidencial que pretende “destazar” al INE. En tal contexto, el proceso de reforzamiento de las prerrogativas del poder político se mantiene amenazante respecto a los ciudadanos. Estas y otras medidas impulsadas por el grupo en el poder han alertado a los ciudadanos sobre el giro autoritario que se está desarrollando en nuestro país.

Los atentados a las garantías constitucionales fundamentales y el regreso de prácticas inquisitoriales que se presentan en la acción cotidiana del gobierno, se orientan a configurar un “golpe de Estado técnico” contra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El mayor riesgo producido por el actual ciclo autoritario consiste en la alteración de los equilibrios establecidos por nuestro ordenamiento jurídico de pesos y contrapesos, así como de la correspondiente división de poderes. Recordemos que la separación entre los poderes es una de las condiciones de la modernidad política democrática. Por ello, se puede sostener que la creación de un sistema de instituciones para frenar y balancear el poder gubernamental para hacerlo responsable frente a los ciudadanos, ha sido la principal demanda de nuestro proceso de transformaciones políticas. La degeneración institucional en curso tiene como objetivo la instauración de un nuevo monopolio político a perpetuidad.

La “tiranía electiva” que se ha instalado en México se caracteriza por un gobierno elegido mediante un proceso electoral legítimo y democrático, pero que una vez en el poder utiliza su posición privilegiada para intentar suprimir las libertades y derechos ciudadanos. Es un modelo político de tipo bonapartista que procede a una depuración de la máquina administrativa para ponerla ilimitadamente al servicio del líder, donde el control político se impulsa desde lo alto para someter al conjunto del territorio a las decisiones centralizadas, además de otorgar amplios poderes a los funcionarios del gobierno que se acompañan de medidas arbitrarias y donde se utiliza el aparato judicial para perseguir a los opositores. Para el bonapartismo el ejército es la nueva élite del país que expresa los valores de la obediencia ciega. Representa una forma de gobierno autoritario y plebiscitario, ratificado a través del sufragio universal.

Observamos la genealogía de la política absoluta que se desarrolla en nuestro país. Una forma de actuar del Presidente a través de imposiciones, estigmatizaciones y amenazas que se deben erradicar para preservar la democracia. La multitudinaria indignación ciudadana que pintó el Zócalo de la Ciudad de México de color rosa, exige que nuestro sistema jurisdiccional actúe urgentemente en defensa del interés colectivo.