En aras de la austeridad republicana, pero sobre todo para que el gobierno de la 4T pueda sufragar las sumas millonarias que se requieren para atender sus programas clientelares como el apoyo a las personas de las tercera edad, a los jóvenes y otros sectores necesitados, se han tenido que recortar presupuestos que también se aplicaban a necesidades esenciales

Un caso concreto es el recorte al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), que preside Lorenzo Córdova, al que le quitaron 4,913 millones de pesos, con lo que se puede ver imposibilitado para llevar a cabo el ejercicio llamado “revocación de mandato” que será realizado el próximo año. Irónicamente MORENA, partido que más triunfos ha tenido desde que nació el INE, es el más insatisfecho con su actuación. La animadversión de la mayoría morenista hacia este instituto se reflejó en este recorte que podría significar un golpe a la autonomía del instituto.

Desde el inicio de esta administración, la política de austeridad ha propiciado recortes al presupuesto en áreas muy sensibles del gobierno, como lo es la seguridad en dependencias como Petróleos Mexicanos (PEMEX) de Octavio Romero. Esto ha generado siniestros como los ocurridos recientemente en las refinerías de Cadereyta y Tula, así como en otras refinerías y plataformas de la Región Marina o Terrestre de la paraestatal durante 2019, 2020 y 2021, dependientes de Pemex Exploración y Producción (PEP), que está a cargo de Ángel Cid Munguía.

Todo esto a pesar de que el discurso oficial habla de actos de sabotaje o de infortunios de la naturaleza como las causales de los siniestros, esta falta de presupuesto quedó plasmado en un informe interinstitucional de la paraestatal. En éste, PEP, empresa productiva subsidiaria, informó que los recursos destinados al mantenimiento de la infraestructura sufrió un recorte presupuestal del 45 por ciento desde el año 2012 al 2020.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que dirige Rogelio Ramírez de la O, pasó de dar 31 mil 461 millones de pesos anuales a solo 19 mil 978 millones de pesos para estos programas de mantenimiento preventivo y correctivo a la empresa productiva del estado.

Aunado a estos recortes en temas fundamentales para un sano y equilibrado desarrollo, está la preocupación, señalada por un buen número de expertos en seguridad, por el excesivo poder concedido a los militares, expresado en un aumento sustancial en su presupuesto desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder.

Se piensa que por el temor de que el poder militar se opusiera a las políticas reformistas del Presidente, se ha decidido encargarles temas tan diversos como construcción de aeropuertos, bancos, trenes, carreteras y todo el poder para hacerse cargo de la seguridad pública, tan golpeada y sin resultados para presumir.

El peligro que se provoca es la creación de un estado militar donde las decisiones más importantes las tome el ejército, posibilidad que aunque se niegue por los más altos círculos del gobierno de la 4T, está presente como una amenaza real.

ACUSAN FALTA DE CAPACIDAD TÉCNICA, MATERIAL Y HUMANA EN SERVICIOS FUNERARIOS

Carlos Bayo Martínez, ex director del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) en tiempos de Vicente Fox y Felipe Calderón creó la empresa Normatividad Integral Mexicana, S.A. de C.V., siete años después de que salió del gobierno. De esta empresa se desprende Serenité, dedicada a la prestación de servicios funerarios. El exfuncionario recibió importantes contratos para proveer servicios funerarios completos a trabajadores del gobierno federal durante la administración de Enrique Peña Nieto, así como con el gobierno de Miguel Ángel Mancera, en la CDMX. 

Actualmente, es proveedor de estos servicios en el gobierno del Estado de México, sin embargo, algunos trabajadores que han tenido que hacer uso de esa prestación refieren que la empresa no cuenta con capacidad técnica, material y humana para brindar los servicios que le fueron contratados por el Gobierno del Estado. Este no es un caso aislado, ya que existen antecedentes de situaciones similares en otras dependencias en donde fueron contratados los servicios de Normatividad Integral Mexicana, como el DIF Nacional, el cual le contrató en 2020 los servicios funerarios para sus trabajadores en al menos 20 estados del país, sin que estos incluyeran conseguir un espacio en un panteón civil o público, lo cual fue un problema para los trabajadores.

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Fernando Martínez González

@fer_martinezg

fermx99@hotmail.com