Como ciudadanos debemos actuar para detener la destrucción del país y pensar en la necesidad de la resistencia cívica como manifestación del disenso no violento. Estos actos de desobediencia personal o colectiva se han llevado a cabo en distintas latitudes contra actos de gobiernos autoritarios o frente a leyes injustas e ilegítimas. La delicada situación social, política y económica de México bajo la 4T ha generado diversas problemáticas en todos los órdenes. Tanto en el deterioro de la calidad de vida de los grupos más vulnerables, como en el aumento de las injusticias sociales y las desigualdades económicas. Lo mismo ocurre con nuestro desarrollo democrático donde los ataques sistemáticos a la institucionalidad, la ineficacia del sistema de administración y procuración de justicia, la invalidación del ordenamiento jurídico y el ejercicio arbitrario del poder político, reclaman la atención de los demócratas en un escenario donde los partidos de oposición se encuentran en crisis. Incapaces de renovarse y de articularse de manera virtuosa con los ciudadanos, hoy solamente buscan mantener en pie las ruinas de un pasado de privilegios. Por si fuese poco se acentúa la natural tendencia a la formación de oligarquías en el sistema político. Los caminos abiertos para enfrentar el generalizado declive nacional son muchos y la desobediencia cívica es uno de ellos.

Sobran motivos para no aceptar el estado actual de nuestro país y sobre su rumbo catastrófico. Sin embargo, aparentemente no pasa nada. Las reglas de solidaridad más elementales se esfuman como demuestra el caso del Tren Maya donde a los ciudadanos simplemente se les ignoró. El verdadero problema es la obediencia y la indolencia de la gente. Frente al sinsentido y la irracionalidad de la política de nuestro tiempo aparece la distinción entre la sumisión y el disenso. La desobediencia es civil, porque quien la ejerce afirma no cometer un acto de transgresión de su propio deber en cuanto ciudadano, sino todo lo contrario, porque considera que se comporta como buen ciudadano más bien desobedeciendo que obedeciendo las leyes emanadas de un orden político percibido como injusto, autoritario y opresivo. Las justificaciones de la desobediencia civil se encuentran en una ley moral superior a las leyes de cualquier gobierno. La eficacia de la resistencia cívica radica en que es una forma de disenso que tiene motivaciones de conciencia. Se entiende que la resistencia civil se presenta como último recurso cuando han fracaso los caminos de la persuasión y el diálogo. Representa una reivindicación del poder ciudadano frente a los políticos y sus partidos, así como el derecho a la expresión pública y pacífica del creciente disenso social. Es una forma de protesta legítima en los sistemas democráticos.

La resistencia civil cuestiona la eficacia del orden constituido sin meterlo en crisis. Es considerada civil, justamente porque acentúa el componente ciudadano en oposición a la sociedad política, y por el carácter público y pacífico de los actos de resistencia. Cuando se habla de desobediencia civil es necesario tener presente que los dos polos de la acción política son la obediencia y la resistencia, y que el deber fundamental de toda persona sujeta a un ordenamiento jurídico es obedecer las leyes. Este deber se llama obligación política. La general y constante obediencia a las leyes, es al mismo tiempo, la condición y la prueba de la legitimidad del sistema político. El poder legitimo es aquel poder cuyos mandatos son, independientemente de sus contenidos, obedecidos. Contrariamente, la desobediencia civil se lleva a cabo para demostrar públicamente la injusticia de una ley y para obligar al gobernante a escuchar al ciudadano. En este caso es necesario desobedecer para defender la democracia.