El domingo 10 de abril los mexicanos tendremos una oportunidad única —y además sencillísima— para contribuir a la democracia. Para ello, bastará con que no vayamos a las urnas en donde se votará por la supuesta revocación de mandato. Así evitaremos avalar la enorme simulación en la que el presidente y su partido han convertido a ese recurso de participación ciudadana.

El presidente López Obrador y Morena han hecho de esa consulta un instrumento de auto legitimación. La revocación de mandato fue establecida en la Constitución, a fines de 2019, para que la pudieran solicitar los ciudadanos inconformes con el desempeño de un presidente y que reunieran al menos 3% de las firmas de quienes están inscritos en la lista de electores. En cambio la consulta del día 10, como todos sabemos, fue promovida por partidarios de AMLO.

Al presidente, los ciudadanos lo designan para que cumpla con una gestión de seis años (en ese caso de 5 años con 10 meses debido a los ajustes que se hicieron al calendario electoral). Por eso es discutible la pertinencia de una votación para impedir que gobierne durante el periodo para el que fue electo. Pero ya que existe, hay que recordar que la revocación es un procedimiento para que los ciudadanos descontentos castiguen a un presidente. Lo que quieren quienes ahora la impulsan es que esa votación sea un premio para López Obrador. No buscan revocarlo sino, como dicen en su propaganda, quieren ratificarlo.

Esa ratificación no existe en la legislación mexicana, ni hace falta. No tendrá consecuencias jurídicas, pero sí políticas y propagandísticas. Por eso la votación del 10 de abril es una trampa para la democracia.

Es fácil evitar esa trampa. Basta con no ir a esa votación. Tal recurso que tenemos los ciudadanos está previsto en nuestro orden jurídico.

La revocación de mandato es la única votación para la cual la Constitución exige que se cumpla con un mínimo de participantes en las urnas. Para elegir alcaldes, gobernadores, legisladores o presidentes, los resultados de las votaciones son de aplicación forzosa independientemente de la cantidad de ciudadanos que haya votado. En cambio la revocación de mandato, de acuerdo con el apartado IX del artículo 35 de la Constitución, sólo tiene validez si en ella participa “por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores”.

De esa manera la Constitución reconoce el voto de quienes acuden a la revocación de mandato, pero también la decisión de quienes no quieran participar. La revocación de mandato es el único proceso electoral en donde se toma en cuenta la abstención de los ciudadanos. Así lo han explicado especialistas en asuntos electorales como Ciro Murayama, consejero del INE. Podemos respaldar a nuestra democracia con la ley en la mano y sin comparecer en las casillas el domingo 10.

La lista nominal reúne a un poco más de 92 millones 800 mil ciudadanos. El 40% de ellos, equivale a 37 millones 129 mil electores. Esa es la cantidad de votantes que se requieren en las urnas del 10 de abril para que la revocación de mandato sea legalmente vinculante.

Los partidos y grupos de oposición no han tenido interés en impulsar la revocación de mandato porque reconocen que se trata de una trastada de López Obrador para legitimarse y porque admiten que, a pesar de los muchos cuestionamientos que se le pueden hacer, debe terminar el periodo para el que fue electo. En cambio Morena y sus partidarios quieren alcanzar el 40% de la lista nominal para decir que la votación tiene validez legal y que la mayoría decidió ratificar a López Obrador.

Allí hay una trampa clarísima: esa votación, según la Constitución, es para revocar y no para refrendar el mandato. Pero a los propagandistas de la llamada 4T, comenzando por el presidente, los pormenores legales no les interesan. Pregonarán que los ciudadanos ratificaron a López Obrador (aunque no haya sido cierto) y, aunque no tenga efectos legales, buscarán hacer de ese respaldo un motivo para vanagloriarse.

El presidente y su partido despliegan una operación de Estado para impulsar la asistencia a esa votación. Los legisladores de Morena aprobaron un decreto inconstitucional para que los funcionarios públicos hagan propaganda por esa causa. El desastrado aeropuerto Felipe Ángeles fue inaugurado con prisa y sin estar terminado. A los viejos que reciben pensiones se les pagó un bimestre anticipado. La revocación de mandato, en este caso, no es una acción de la sociedad sino una costosa y engañosa maniobra del oficialismo.

El Instituto Nacional Electoral cumple con eficiencia la obligación que tiene para organizar la consulta, a pesar de la calculada cicatería del gobierno que le negó los recursos necesarios. Empeñado en debilitar a la autoridad electoral porque no ha podido manejarla como quisiera, el presidente López Obrador se queja del INE y de paso, con ello alimenta su discurso victimista.

Algunos ciudadanos quieren ir a esa votación porque la organiza el INE, al cual respetan y defienden. Hay que recordar que si el INE nos importa es como puntal y, a la vez, resultado de la democracia que hemos construido. Esa democracia no se beneficia hoy con la consulta de revocación, que es utilizada por el gobierno.

Otros, simpatizan con esa consulta porque consideran que es una expresión de democracia participativa. Pero la democracia participativa es mucho que una elección y se nutre en la intervención y discusión de los ciudadanos en variados espacios institucionales y sociales. Cuando se haga en serio, la facultad para destituir en las urnas a un presidente podrá ser un ejercicio democrático. Pero el 10 de abril no se dirime la revocación del presidente.

Ese día, independientemente de que voten por revocar o no el mandato del presidente, mientras más ciudadanos acudan, más se beneficiarán Morena y López Obrador. Si queremos reivindicar a la democracia, lo mejor que podremos hacer será no participar en esa consulta.