El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) puso en operación un “procedimiento de responsabilidad en línea” para agilizar y hacer más eficiente el mecanismo que se emplea para determinar si a un servidor público del Poder Judicial de la Federación le es atribuida o no una conducta infractora.
El nuevo sistema permite que los servidores públicos emplazados al procedimiento de responsabilidad administrativa por omitir o presentar de manera extemporánea la declaración de situación patrimonial, en sus modalidades de inicial, conclusión o modificación, elijan entre el método tradicional o en línea.
Con ello, mencionó en un comunicado, la Contraloría del Poder Judicial participa para que el CJF alcance su finalidad como órgano de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial.
El procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores públicos consiste fundamentalmente en un método para determinar si al funcionario le es o no atribuida la conducta infractora que se le reclama, explicó.
Para ello, en respeto al derecho fundamental del debido proceso legal, el procedimiento comienza con la notificación del auto de inicio, a fin de que en un plazo determinado el responsable rinda el informe mediante el cual acepte o niegue la infracción atribuida, ofrezca pruebas y alegue en su defensa.
De esta forma, al término de la instrucción del procedimiento, se emitirá la resolución correspondiente en un plazo de 30 días hábiles, añadió el órgano judicial.
En la actualidad, refirió el CJF, el procedimiento dura unos 180 días hábiles, pero al hacerlo en línea el lapso se reduce entre 30 y 45 días, lo que demuestra la agilidad del procedimiento y contribuye a que los asuntos se desahoguen en menor tiempo y se optimicen los recursos.
El procedimiento en línea es una herramienta electrónica que ha probado su eficacia y utilidad en la administración e impartición de justicia, no sólo en los órganos jurisdiccionales del país, sino a nivel internacional.
Entre las ventajas del procedimiento en línea en comparación con el tradicional, además de reducir en forma considerable el tiempo del proceso, se abaten los costos del servicio público y se cumple con el derecho fundamental de justicia pronta, puntualizó.
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