Cada año, Tijuana recibe alrededor de cien mil personas deportadas desde Estados Unidos y muchos de ellos permanecen en los márgenes del Río Tijuana como miembros de una clase marginada, estigmatizada y particularmente vulnerable porque consumen agua del río en los que se encontraron concentraciones de la bacteria Escherichia coli hasta 40 mil veces más altas que los estándares regulatorios mexicanos para el agua con la que se puede tener contacto; lo que indica una grave contaminación y amenazas a la salud.
Adicionalmente a este problema ya grave, la situación se hace más compleja debido a que muchos de los migrantes deportados que se quedan a vivir en los márgenes del río llegan a desarrollar adicción a drogas inyectables y usan la misma agua contaminada del afluente.
Para profundizar en la comprensión de ese grupo, El Colegio de la Frontera Norte, en colaboración con siete organizaciones sociales e instituciones de educación superior de México y Estados Unidos, elaboró y presentó un estudio llamado Las voces del Río, donde se documenta cómo muchas personas deportadas se encuentran sin hogar y apátridas de facto.
La médico y maestra en Salud Pública Alhelí Calderón Villarreal, coordinadora del proyecto, presentó, en el Colegio de la Frontera Norte, los primeros resultados publicados en la revista científica “Social science & medicine”.
Entre los datos más destacados se señala que la creciente contaminación del río Tijuana perjudica a miles de migrantes deportados desde Estados Unidos y que permanecen, sin hogar, en la zona conocida como El Bordo. El acceso a instalaciones de saneamiento e higiene es escaso y la violencia policial es el factor más común que obliga al contacto con agua contaminada, lo que genera que enfermedades de diferente tipo. Además, la marginación alimenta el consumo de drogas inyectables en las que también se usa el agua del río. Todo lo anterior ha generado un problema binacional México-Estados Unidos, donde el medio ambiente deteriorado opera como mediador de daño estructural.
El estudio fue realizado de manera interdisciplinaria por el Colef, el Proyecto Socioambiental del Río Tijuana, Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental A.C., Prevencasa A.C., Pomona College, UC Berkeley, UCLA y UCSD.
PRIMEROS RESULTADOS
El estudio binacional colectó información entre los años 2019 y 2021, con la ayuda de 18 expertos en diez disciplinas: química, antropología, salud pública, epidemiología, reducción del daño, educación ambiental, medicina, nutrición, arquitectura y economía ambiental.
“Cuando iniciamos este proyecto, en 2019, iniciamos con la pregunta de cómo unir la justicia social con la química ambiental en la zona de Tijuana donde vive la población más vulnerable”, explicó la Maestra Calderón Villarreal, quien actualmente realiza investigaciones en la Universidad de California en San Diego (UCSD) para obtener el grado de doctora en Salud Global.
El estudio se apoyó en el concepto de Violencia estructural, que se utiliza en muchos estudios de ciencias sociales y de salud pública para analizar a grupos de personas altamente vulnerables. Es un marco que ayuda a describir cómo estructuras sociales y fuerzas política o económicas provocan daños sistemáticos, a través de mecanismos de opresión social, política, económica y legal.
“Por estadística sabemos que ciertos grupos sociales tienen peores indicadores de salud, de calidad de vida y, en general, una muerte más temprana. Por eso el concepto de Violencia estructural nos permite medir estas diferencias que vemos, en diferentes grupos sociales, que están recibiendo marginación u opresión, lo que está creando inequidades en salud, injusticia social e injusticia ambiental. Con injusticia ambiental nos referimos a que hay personas que reciben lo peor del medio ambiente, lo que se puede ver en este caso cuando se analizan las condiciones del agua en el Río Tijuana, lo que afecta su calidad de vida y su dignidad”, añadió la investigadora.
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Investigadores
Combinan perspectiva ambiental
y de derechos humanos
El proyecto socioambiental Río Tijuana combinó perspectivas ecosistémicas y de derechos humanos. Para ello, los 18 investigadores de diez disciplinas utilizaron métodos mixtos, combinando evaluaciones químicas de calidad de agua con investigación cualitativa que les ayudaron a entender el por qué y el cómo del problema que se está abordando, e investigación cuantitativa para entender con números la magnitud de los problemas que acometieron. Además de documentar que quienes viven en El Bordo padecen infecciones en la piel (47 por ciento), deshidratación (40 por ciento) y diarrea (28 por ciento) se mostró que debido a la persecución y estigmatización les es muy difícil acercarse a fuentes de agua limpia disponibles en la Ciudad.
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