María votó a favor del Tren Maya, al igual que casi todos los ejidatarios de Don Samuel, Escárcega, Campeche; votaron sin información y con la promesa de desarrollo. Ahora saben que los engañaron y defraudaron, pero no sólo eso, en meses recientes ésta y otras comunidades han sido amenazadas, intimidadas y etiquetadas como pseudoambientalistas de derecha, “priistas”.

María Hernández fue una de las ejidatarias que participaron en la conformación de la Unión de ejidos en defensa del territorio maya, que ha interpuesto denuncias por el fraude realizado por la empresa Barrientos y Asociados, contratada por Fonatur para la liberación de vías en la región.

La ejidataria relató la historia de varios ejidos donde se llevaron a cabo promesas y engaños, como en las campañas políticas, que en una lucha social en busca de justicia.

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Antes de la votación del 15 de diciembre de 2019 en Don Samuel, personal del programa de asistencial Sembrando Vida y de Morena, expusieron información del Tren Maya sobre el desarrollo que traería a las comunidades, empleos, oportunidad crecimiento, pero no del impacto ambiental y social en la región. “¿Cómo puedes votar en contra de lo que no conoces?” Todos tenían dudas, relata, y las externaron. No hubo respuesta.

“Pasó el tiempo y se presentó una empresa que todos desconocíamos, sólo sabíamos que era sobre el tren”.

Antes de la votación, añade, hubo un diagnóstico político del ejido y una extracción de información sobre miembros de la comunidad. Llegada la votación, no se realizaron asambleas representativas y se dio la votación con 45 ejidatarios de 210; se aprobó el cambio de uso de suelo, documentos que se llevó la empresa, dice. “Muchas cosas sonaban mal”.

En mayo del 2020, agregó, la empresa informó a los ejidatarios que “ya había recursos” y los comisarios fueron llevados al Palacio de Gobierno de Campeche donde recibieron cheques que aceptaron.

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Ese fue el mecanismo de extorsión y corrupción con el que se aceptó y votó a favor del Tren Maya en Don Samuel y ejidos de la región, relató María Hernández, durante su participación en el encuentro “Tren Maya: miradas y aproximaciones desde las comunidades”, organizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM.

“Sabíamos que algo andaba mal pero no sabíamos cómo denunciarlo, veíamos que se entretejía alguna corrupción, pero no sabíamos a qué nivel. Teníamos la esperanza de que sólo fuera en el municipio, queríamos llegar a lo federal para que supieran. Se dijo lo que pasó, pero no lo vincularon y la única opción fue unirse con otros ejidos y obtuvimos el respaldo de muchas organizaciones y de abogados”.

La asesoría legal fue proporcionada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y, junto con otras organizaciones, interpusieron denuncias en la Fiscalía del Estado, tras el rechazo de la Fiscalía General de la República de intervenir.

“Lo que hemos vivido y visto en torno al Tren Maya en nuestras comunidades es que ha sido una imposición”, señala Sara López, miembro de la mesa directiva del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil.

Durante su participación en el encuentro virtual del SUSMAI, enfatizó que, a diferencia del reiterado discurso del gobierno federal, se trata de una imposición porque nunca se llevaron a cabo consultas libres e informadas. Por el contrario, fueron “amañadas y no tomaron en cuenta al pueblo, sino a ciertas personas”, como en el caso de Don Samuel.

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“Las comunidades no tenemos la información, no nos han informado. No es que estemos inventando, como nos ha difamado el gobierno federal ¬–dicen que somos de la derecha, priistas o disfrazados de ambientalistas– (…) Sólo prometen desarrollo, a través de los trabajadores de Sembrando Vida o Morena, hablan sólo de los beneficios, pero nos engañan porque no nos dicen la realidad, no sabemos qué va a pasar en Calakmul, donde no hay vías, van a destruir la selva”.

Otro aspecto que denuncian las activistas es la intimidación de las fuerzas armadas, que tienen a su cargo la construcción del megaproyecto. Para las comunidades es intimidante manifestarse cuando observan cómo se desarrollan las actividades con personal armado.

Sara López recordó además que la región enfrenta diversos atentados contra las comunidades y el medio ambiente, como las granjas porcinas, parques eólicos y otras actividades agroindustriales. Ahora se suma el Tren Maya, que de maya no tiene nada, enfatiza. “Ese nombre es incorrecto porque no es maya, es del gobierno y de quienes están invirtiendo (…) A nosotros sólo nos toca sufrir las consecuencias y la destrucción”.

CEMDA denuncia paralización y omisión

Recientemente, el CEMDA hizo público que presentaron una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de quienes resulten responsables “por la omisión de impartir justicia pronta y expedita a las personas habitantes de comunidades de varios municipios de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, quienes han presentado una demanda en contra del denominado ‘Tren Maya’, pues han paralizado completamente el proceso judicial en contra de este proyecto”.

En un comunicado de la organización se refiere desde el 21 de julio del 2020 se presentó la demanda en contra de las obras del “Tren Maya”, interpuesta por personas indígenas, comunidades y afectados de los estados mencionados, así como de organizaciones de la sociedad civil, sin que hasta el momento el Juzgado Primero de Distrito del estado de Yucatán la haya admitido.

“Los Juzgados de Distrito han violado la expedición de justicia pronta, expedita y en un plazo razonable en términos de la legislación nacional y el Derecho Internacional, al no haber ni siquiera admitido la demanda para su análisis a casi dos años de que se presentó, lo cual excede por mucho un plazo razonable”.