En una sesión de Parlamento Abierto por la Legislación Hídrica, bajo la consigna “Una Sola Agua, Una Sola Ley”, realizada en el Congreso de Jalisco, activistas, organizaciones civiles, académicos y diputados locales y federales advirtieron del riesgo de que el Congreso federal apruebe la Ley General de Aguas, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que mantiene el modelo extractivista y mercantilista del uso del agua en el país.
Elena Burns, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, explicó que ella trabajó en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el sexenio pasado y afirmó que la legislación sobre el agua que propone Claudia Sheinbaum, “es un lobo con piel de oveja”, ya que cambia algunos términos legales, pero mantiene la concentración del agua de los 3 mil 300 concesionarios que acaparan 22% del agua nacional.
La activista cree que la reforma puede detenerse si hay una alianza entre ciudadanos y legisladores conscientes locales y federales.
“Porque este vínculo entre comunidad, ciudadanía y legisladores, sentimos que nos puede ayudar a construir el contrapeso que necesitamos para poder defender el derecho al agua, pase lo que pase con la ley, porque esta lucha no termina el 29 de noviembre, es una lucha que sigue”, dijo Elena Burns.
El consultor sobre legislación del agua, Miguel Ángel Montoya, dijo que se pretende crear la Ley General de Aguas y dejar vigente con cambios, la Ley de Aguas Nacionales. Tener dos leyes federales en la materia complicaría la defensa del derecho humano al agua, a los ejidos, las comunidades indígenas y los pequeños agricultores.
Además, se genera opacidad en la información sobre las concesiones de agua.
“Llega a ser de un modo tan fina la propuesta en este caso privatizadora, planteada desde el Ejecutivo federal que, inclusive la disposición del artículo 115 medianamente atropellada, ¿en qué sentido? Que la Ley de Agua Nacionales y la Ley General de Aguas, le quitan el carácter de público eso es de la mayor relevancia, de la mayor preocupación y alarma”, subrayó.
Rodrigo Gutiérrez Rivas, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que la Ley General de Aguas, “perpetua” el modelo de uso del agua privatizador, lo que afecta a pueblos y comunidades.
“La propuesta de dos leyes esconde un objetivo político y es no tocar el modelo de gestión del agua que está en el país, basado en la LAN, ese es el objetivo político y creo que es bastante obvio. Es un modelo que nos hizo pasar de una disponibilidad media de 17 mil metros cúbicos de agua por persona al año en 1950, a 3 mil 400 actuales. Hemos perdido más de 70% de la disponibilidad media en menos de 60 años. Ese es el modelo de gestión que está protegido por la Ley de Aguas Nacionales (LAN)”, dijo.
La legisladora federal jalisciense de Morena, Claudia García Hernández, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento del Congreso federal, señaló que se realizan parlamentos abiertos en diversas ciudades del país para recoger cambios y propuestas al planteamiento de Claudia Sheinbaum y de la Conagua.
“Hemos conseguido que esta discusión se abra de manera mas amplia, con la idea de fortalecer esta iniciativa de ley que envió nuestra presidenta Claudia S al Congreso de la Unión y como resultado justo de este esfuerzo se están realizando parlamentos abiertos, parlamentos ciudadanos en algunos estados, como el que hoy tenemos aquí en Jalisco”, aseguró.
María González Valencia, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), presentó las conclusiones y llamó a los diputados presentes a que asuman un compromiso para que los resolutivos del Parlamento Abierto, “la próxima semana ya estén en la Cámara de Diputados”.
Los legisladores presentes en el foro fueron Claudia García Hernández y José Luis Sánchez González, de Morena y del PT, en la Cámara federal, así como Mariana Casillas y Leonardo Almaguer, de Futuro y PT, a escala local.
La Ley General de Aguas la presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, el 9 de octubre y se pretende aprobar por la Cámara federal el 29 de noviembre.