De los 17 individuos que el Gobierno de Jalisco tenía identificados como de “alta peligrosidad” y que llegaron a Guadalajara para provocar desmanes y disturbios después de la marcha de la Generación Z el pasado 15 de noviembre, sólo siete quedaron vinculados a proceso con prisión preventiva oficiosa.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, había advertido de manera enfática que entre las 40 personas arrestadas como sospechosas de los actos vandálicos en inmuebles históricos y patrimoniales como Palacio de Gobierno, Congreso del Estado y la Catedral Metropolitana, además de las estaciones del Tren Ligero, estaban 17 individuos sumamente peligrosos procedentes del Estado de México y de Michoacán.
“Fueron traídos en un camión para ocasionar estos desmanes en Jalisco, si quisieron venir aquí al estado pues aquí se van a quedar (presos); querían venir a ocasionar desmanes, ahora se van a quedar, y no vamos a permitir que se liberen a esta bola de delincuentes, delincuentes pagados”, enfatizó el mandatario, antes de que se decidiera por parte de un juez la situación jurídica de los 4o detenidos.
Sin embargo, ya en la audiencia en un juzgado, luego de analizar los datos de prueba ofrecidos por el Ministerio público, el Poder Judicial de Jalisco decidió vincular a proceso a sólo ocho de las 40 personas que fueron imputadas, y de esas ocho, una quedó en libertad bajo medidas cautelares, como el acudir a firmar mientras lleva su proceso en libertad.
Las siete personas a quienes se les dictó prisión preventiva justificada por seis meses fueron identificadas por la Fiscalía como Rogelio Alejandro “N”, Adrián “N”, Ricardo “N”, Felipe “N”, Juan Alejandro “N”, Josué Yair “N” y Héctor Gerardo “N”, mientras que Jonás Emmanuel “N”, fue a quien se le otorgaron medidas cautelares diversas y llevará su proceso estando él fuera del reclusorio.
La Fiscalía del Estado informó que a las 32 personas restantes, al no acreditarse que hubieran cometido o participado en el delito de daño a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, se les otorgó auto de no vinculación a proceso, por lo que fueron liberadas con las reservas legales, “única y exclusivamente en lo que ve al delito en mención”, por lo que se puede considerar que posteriormente podría haber imputaciones por otros delitos.
EXPEDIENTES DEL “BLOQUE NEGRO” Y MENSAJE VS VÁNDALOS DE OTROS ESTADOS
Dos días después de su declaración en la que adelantó que quienes llegaron a Jalisco a cometer actos vandálicos se quedarían presos, el gobernador matizó su discurso pero celebró “el equilibrio”, entre la autonomía del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.
Dijo que las personas liberadas cometieron “delitos menores” o se vieron inmiscuidas en los hechos sin haber participado en algún delito y consideró que con la decisión del juzgado se “lanza” un mensaje: en Jalisco se hace justicia y aquellos vándalos “pagados con intereses políticos” se van a quedar en la cárcel.
Lemus indicó que los expedientes de los integrantes del llamado “bloque negro”, traído a Jalisco para hacer desmanes “se van a dar a conocer (y) cómo estas personas habían estado involucradas en en otros actos vandálicos en distintas ciudades de la república mexicana”.
ROBARON $200 MIL EN MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Aparte de los actos vandálicos cometidos por el llamado “bloque negro” en Guadalajara tras la marcha del pasado 15 de noviembre, fueron robados materiales y herramientas utilizados en las obras del Centro Histórico, según informó el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora.
Sin embargo, por este delitos por el momento no existen personas acusadas o detenidas.
Como parte de las detenciones de ese día, hubo cuatro menores de edad arrestados, quienes permanecían internados en un albergue a la espera de que la autoridad jurisdiccional fije cita para la imputación, según señaló la Fiscalía del Estado.
Sobre el proceso al que fueron vinculados ocho de los 40 detenidos, se sabe que el Poder Judicial del Estado, le dará vista al Poder Judicial de la Federación. Esto mismo ya había hecho la Fiscalía del Estado, al intentar que la Fiscalía General de la República (FGR) conociera del caso, pero ésta declinó hacerlo.
A la FGR le correspondería conocer del asunto pues el delito por el que los acusados por los desmanes están imputados fue cometido en agravio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como del Gobierno del Estado de Jalisco y el Congreso del Estado.