Los regidores de Morena en Guadalajara, Mariana Fernández Ramírez y Juan Alberto Salinas Macías, denunciaron este miércoles presuntas irregularidades en la licitación para la actualización de los instrumentos de planeación urbana del municipio. Señalaron, entre ellas, la contratación de una empresa vinculada con operadores políticos de Movimiento Ciudadano (MC) en el estado de Nuevo León.
En conferencia de prensa, los ediles informaron que el Ayuntamiento aprobó un contrato por 1.4 millones de pesos para la empresa Consultoría Jurídica Concurrente S.C., encargada de brindar asesoría jurídica especializada. Cuestionaron que dicha tarea se haya externalizado pese a que el municipio cuenta con una Dirección Jurídica integrada por 23 empleados y con un presupuesto anual de 3.5 millones de pesos.
La regidora Mariana Fernández afirmó que la compañía ganadora está encabezada por un militante activo de MC en Nuevo León, con trayectoria como ex precandidato, ex dirigente juvenil del partido y ex funcionario del Ayuntamiento de Monterrey entre 2021 y 2024. A su juicio, este antecedente sugiere que la adjudicación responde a intereses políticos.
“¿Por qué no se apoyan de su propia dirección jurídica…? Entonces obviamente a nosotros esto nos parece un pago de favores, un tema de alianzas políticas”, señaló. Añadió que esta es la segunda empresa de Nuevo León que recibe contratos del municipio en temas relacionados con comunicación y planeación urbana.
Por su parte, Juan Alberto Salinas destacó que la contratación representa un riesgo para la actualización de los planes parciales, al considerar que el proceso podría estar “viciado de origen”. Expresó preocupación por un posible uso político de los recursos municipales y por lo que calificó como la construcción de una estructura partidista financiada con dinero público.
“No solamente la contratación de los amigos presumiblemente del jefe de la oficina ejecutiva Mario Silva… la preocupación además de cómo están licitando es el uso político de los recursos de las y los tapatíos”, puntualizó.
Ambos regidores anunciaron que solicitarán la reposición del procedimiento, pedirán frenar la contratación de empresas con vínculos políticos externos y presentarán una iniciativa en Cabildo para limitar este tipo de adjudicaciones.