Por Por primera vez en décadas, tener casa propia se parece más a heredar un privilegio que a alcanzar una meta. En Estados Unidos, un análisis reciente estima que más de 75 por ciento de las viviendas en venta son inalcanzables para un hogar con ingreso medio, que ronda los 80 mil dólares al año; para comprar con cierta tranquilidad, habría que ganar alrededor de 113 mil. En Europa, entre 2010 y 2025, los precios de las casas subieron casi 58 por ciento, mientras que las rentas lo hicieron cerca de 28 por ciento, muy por encima del crecimiento de los salarios. En México, solo entre 2023 y 2024 el costo promedio de una vivienda aumentó cerca de 9.5 por ciento. Lo que para muchos padres fue un esfuerzo grande pero posible, para sus hijos empieza a parecer un objetivo reservado a unos cuantos.
No siempre fue así. Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, en muchos países la vivienda se entendía como parte del contrato social: trabajar, ahorrar, acceder a un crédito razonable y, con paciencia, comprar un departamento modesto. La casa era una pieza más dentro de una secuencia vital que parecía lógica: empleo estable, familia, patrimonio. Los gobiernos diseñaban hipotecas subsidiadas, programas públicos de vivienda e instituciones como el Infonavit en México, mientras que las ciudades crecían alrededor de ese horizonte. La propiedad podía tardar, podía costar sacrificios, sin embargo estaba integrada en el guion de vida de la clase media.
Con el tiempo, esa lógica se fue alterando. Las casas dejaron de ser únicamente el lugar donde se vive y comenzaron a consolidarse como un vehículo de inversión. La combinación de tasas de interés bajas durante años, abundancia de liquidez global y políticas urbanas débiles convirtió al ladrillo en refugio de valor. Cada peso, euro o dólar en bienes raíces se justificaba como cobertura frente a la inflación o las pensiones inciertas. De este modo, la vivienda empezó a seguir reglas de activo financiero, mientras los salarios seguían obedeciendo la realidad mucho más lenta de la productividad y el mercado laboral.
En medio de ese cambio estructural se encuentra una generación que creció escuchando que “rentar es tirar el dinero”, aunque hoy no tenga opción distinta. Casi la mitad de los jóvenes de 18 a 29 años en Estados Unidos vive todavía con sus padres, algo que no se veía desde la época de la Gran Depresión, mientras que en Europa se retrasa sistemáticamente la edad de salida del hogar familiar. Según la OCDE, 60 por ciento de las personas entre 18 y 29 años declara estar preocupada por no poder acceder a una vivienda adecuada, una proporción mayor que en cualquier otro grupo de edad.
Cuando el acceso a la vivienda se rompe, no solo se altera el balance de una hoja de cálculo. También se resquebraja un símbolo de adultez y autonomía. Mudarse solo, pintar la primera pared, comprar un refrigerador con el propio salario son rituales silenciosos que ayudan a construir identidad. Si esos pasos se aplazan indefinidamente, no es extraño que aparezca una especie de culpa generacional: un diálogo interior que compara, sin piedad, la historia de los padres con la propia. “A tu edad nosotros ya habíamos comprado”, se dice en muchas conversaciones, sin considerar que la relación entre ingreso y precio del metro cuadrado es hoy muy distinta. Para algunos jóvenes, esa frase se siente menos como un recuerdo y más como una acusación.
La economía termina filtrándose en el autoestima. No poder comprar casa no significa automáticamente fracaso personal, aunque muchas veces se viva así. Sobre todo cuando el mercado laboral combina empleos más precarios, trabajos por contrato y carreras profesionales que se alargan, mientras que el costo de vida se come un porcentaje creciente del ingreso. En varios países de la OCDE, los hogares destinan en promedio 22 por ciento de su ingreso disponible a la vivienda, pero casi un tercio de los arrendatarios de bajos ingresos gasta más de 40 por ciento solo en techo. La consecuencia es obvia: con esa carga, ahorrar el enganche de una casa es menos un plan y más una ilusión.
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Si aceptamos esta dinámica sin cuestionarla, el riesgo es que la vivienda deje de pensarse como un derecho básico y se normalice como un lujo aspiracional. En ese escenario, las sociedades se dividen de forma más rígida entre quienes heredan una propiedad y quienes solo heredan la renta. La desigualdad ya no se mide únicamente por el ingreso mensual, sino por el código postal donde se tuvo la suerte de nacer. Las decisiones de vida se ajustan: parejas que posponen hijos por no poder pagar un lugar más grande, jóvenes que renuncian a mudarse cerca de mejores empleos porque la renta en esa ciudad consumiría todo su salario, familias que aceptan hacinamiento para no abandonar el barrio donde construyeron su red de apoyo.
Al mismo tiempo, empiezan a aparecer respuestas fragmentadas. Gobiernos que ofrecen subsidios, créditos con tasas preferenciales o programas de vivienda social, sin siempre atacar la raíz del problema. Fondos de inversión y desarrolladores que continúan viendo el inmueble como un activo rentable en un mundo que busca rendimientos estables. Instituciones multilaterales que advierten, cada vez con más insistencia, que la crisis de vivienda se cruza con otras: la demográfica, la climática, la de confianza en la política. Y familias que, ante la falta de alternativas, recurren a soluciones informales: co-living improvisado, extensiones auto-construidas, desplazamientos a periferias donde el transporte se vuelve otra forma de pagar el precio de la ciudad.
En México y buena parte de América Latina, esta tensión se siente con un matiz propio. La vivienda sigue siendo el principal patrimonio de millones de hogares, al mismo tiempo que el aumento de precios supera al crecimiento salarial en muchas regiones. La promesa de “trabajar duro para comprar algo” convive con la realidad de jóvenes altamente formados que encadenan empleos temporales, ingresos irregulares y créditos difíciles de obtener. La consecuencia no se ve solo en las estadísticas de construcción o en el número de hipotecas, sino en la manera en que esa generación se mira a sí misma y percibe su lugar en el país.
La pregunta de fondo no es si todos deben tener casa propia, porque hay quien prefiere la movilidad que ofrece rentar, sino qué significa para una sociedad que este horizonte se vuelva prácticamente inaccesible para quien sí lo desea. Cuando buena parte de los jóvenes siente que está más cerca de ganar la lotería que de comprar una casa, como sugiere alguna encuesta reciente, no solo se erosiona la confianza en el mercado, también se desgasta la confianza en el futuro. Una cosa es ajustar expectativas; otra, muy distinta, es vivir con la sensación constante de que el juego está amañado.
Tal vez el punto de partida sea decirlo en voz alta y sin rodeos: no es que los jóvenes “no se esfuercen lo suficiente”, sino que la distancia entre esfuerzo y resultado se ha ensanchado. A partir de ahí, la discusión puede volverse más honesta: revisar modelos de desarrollo urbano, repensar incentivos fiscales, fortalecer vivienda de alquiler asequible y, sobre todo, reconocer que la casa no es solo un activo, es la escena donde transcurre la vida cotidiana.
La próxima vez que en una familia se comparen las historias, quizá valga la pena cambiar el enfoque. Escuchar cómo los padres consiguieron su primera vivienda tiene valor, mientras que mirar cómo los hijos encaran un mercado mucho más hostil también lo tiene. Entre ambos relatos se esconde la verdadera pregunta de esta época: si queremos que la casa siga siendo un lugar donde se construye futuro compartido o si aceptamos que se convierta, poco a poco, en un lujo al alcance de cada vez menos manos. Porque al final, más que un techo, lo que está en juego es la posibilidad de imaginar una vida propia sin que el precio del metro cuadrado dicte hasta dónde llega ese sueño.