“Por qué un gobierno que dice darle prioridad la participación popular, le teme tanto a que la gente decida”. Esa fue la pregunta que hizo la bancada de Futuro en el Congreso, promotora del referéndum para que la población sea consultada y decida si está a favor o en contra de la decisión que tomó el gobernador de aumentar la tarifa del transporte público a 14 pesos.
En menos de una semana, ya se han reunido más de 12 mil firmas para solicitarle al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que organice el referéndum contra el alza al precio del pasaje. Esto lo que refleja es que las personas en Jalisco quieren ser parte de la decisión de cuánto les cuesta moverse en el transporte público. Y no solo en Guadalajara, sino también en Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Tepatitlán o Puerto Vallarta.
En un pronunciamiento público las diputadas Mariana Casillas y Tonantzin Cárdenas enfatizaron que el comunicado que el jueves pasado emitió la Secretaría General de Gobierno intenta negar públicamente el derecho que tiene la gente de Jalisco a decidir sobre lo que les afecta todos los días por medio de un debate aparentemente técnico: artículos, fracciones, competencias administrativas y definiciones legales.
“Ese pronunciamiento no es neutral, es una estrategia que busca despolitizar a la gente y hacer parecer ‘técnica’ una decisión que es profundamente política”, dijeron. “El tarifazo encarecerá, casi en 50%, el medio material que permite a millones de personas trabajar, estudiar y sostener su vida diaria”.
Decir que la tarifa es intocable refleja cómo el gobierno en turno entiende el poder: ellos creen que la gente puede elegir a sus representantes, pero no decidir sobre las cosas que impactan su día a día. Para ellos, la participación popular es aceptable sólo mientras no afecte sus negocios. Por ello, “el referendum va”, finalizaron las dos legisladoras de Futuro.