Conviene decirlo claro, sin rodeos ni eufemismos, porque en estos tiempos la confusión no es inocente: no es el Estado estadounidense el que se ha desfigurado hasta volverse irreconocible. Es el gobierno. Es el Ejecutivo. Es una conducción política específica que tomó una decisión peligrosa: gobernar desde el miedo, usar la humillación como herramienta y normalizar la violencia como lenguaje cotidiano. La precisión no es un capricho académico; es una necesidad ética.
El Estado, con todas sus fallas y contradicciones, aún conserva espacios donde la legalidad respira. Hay jueces que frenan abusos, alcaldes que se niegan a ejecutar órdenes ilegítimas, congresistas que incomodan al poder, policías locales que no se prestan al atropello y ciudadanos que siguen defendiendo derechos básicos. Justamente por eso lo que ocurre es más alarmante. Porque el Ejecutivo ya no actúa como representante de la sociedad, sino como una fuerza que se le impone. No gobierna con la gente: gobierna contra ella.
Nada de esto apareció de la noche a la mañana. No fue un desliz ni un exceso aislado. La barbarie se fue instalando poco a poco, se organizó, se volvió rutina. Cuando la violencia deja de ser excepción y se convierte en procedimiento; cuando el abuso deja de ser una desviación y pasa a ser protocolo; cuando la impunidad ya no es una falla sino un mensaje, entonces no estamos ante errores administrativos. Estamos frente a una política pública de intimidación.
Por eso los nombres importan. Porque el poder siempre intenta borrarlos, diluirlos en estadísticas, reducirlos a notas al pie. Alex Pretti no fue un “incidente”. Fue una ejecución en un ambiente previamente envenenado. Activista crítico del ICE, con permiso legal para portar armas, convertido después de muerto en villano para justificar lo injustificable. Que hoy circulen videos editados, cuidadosamente recortados para fabricar un relato conveniente, no cambia lo esencial: nada autoriza al Estado a matar, y mucho menos a celebrar al gatillero como héroe. Defender asesinos desde el poder no es libertad de opinión; es complicidad.
Aliya Rahman vive otra forma de violencia igual de brutal: el silencio. Ciudadana, mujer con discapacidad, arrastrada fuera de su vehículo, vejada, reducida a objeto. ¿Dónde está? ¿Quién responde por ella? ¿Qué autoridad investiga? El mutismo institucional no es neutral: es una agresión más. Y luego está Liam Conejo Ramos, niño, atrapado en el laberinto de las detenciones arbitrarias. Un menor convertido en expediente, en cifra, en daño colateral. Cuando el poder deja de distinguir entre una amenaza y una criatura, algo se quiebra de manera definitiva.
Las imágenes son contundentes, por más que el gobierno intente sepultarlas bajo propaganda. Bebés arrancados de los brazos de sus padres. Niños de dos, tres, cinco años encerrados en centros de detención que cualquier conciencia honesta llamaría indignos. Menores compareciendo solos ante jueces, sin abogados, sin entender siquiera el idioma o el proceso. Golpes que ciegan. Pastores apaleados. Ciudadanos estadounidenses tratados como presas. Y amenazas que ya no se murmuran, se gritan: “si alzas la voz, te borro”. No es retórica incendiaria. Es práctica cotidiana.
Minnesota se ha vuelto un espejo incómodo. Gobernadores y alcaldes obligados a desplegar fuerzas estatales no para contener a su gente, sino para protegerla del aparato federal. Un contrasentido que debería escandalizar a cualquiera que crea en el federalismo y en el equilibrio de poderes. Y aun así, el ICE sigue avanzando. Cambian los nombres, rotan los funcionarios —sale uno, entra otro más áspero— pero la lógica no se mueve. Los supuestos “acuerdos” anunciados con soberbia desde la presidencia no son más que trampas semánticas. No hay consenso ni beneficio social: hay presión, chantaje y la exigencia de que los gobiernos locales hagan el trabajo sucio del Ejecutivo, sin garantías ni derechos.
Mientras tanto, el Ejecutivo se burla, justifica, provoca. Alimenta el incendio que dice combatir. La degradación del lenguaje acompaña, como sombra fiel, la degradación de los hechos. Cuando se glorifica la fuerza bruta y se desprecia la ley como estorbo, el mensaje es inequívoco: no buscan orden, buscan sumisión.
No hace falta jugar al psicoanálisis para entender el peligro. Basta observar la conducta: impulsividad sin freno, desprecio por los límites, exaltación del castigo, culto al enemigo interno. El riesgo no es solo moral, es institucional. Un Ejecutivo así convierte cada agencia armada en un instrumento personal y cada diferencia en una amenaza.
Las protestas crecen, pero chocan con un muro de cinismo. Los llamados al juicio político existen, pero son tímidos y fragmentados. Falta un bloque amplio que entienda que esto no va de partidos, sino de civilización. Falta que jueces actúen con urgencia. Falta que los gobiernos extranjeros —incluido el mexicano— pasen del comunicado tibio a la acción consular efectiva. La omisión también mata.
La historia es clara: los regímenes no caen cuando reprimen, caen cuando pierden legitimidad. Y un gobierno que encierra niños, arrastra mujeres y glorifica verdugos ya no gobierna: intimida.