Muchas personas con auto en Jalisco consideran que el programa Verificación Responsable es un mecanismo recaudatorio o un negocio de un proveedor estadounidense, más que una política ambiental. Por ello, apenas 25% del total del parque vehicular es quien acude a verificar sus unidades, según datos de 2025.
Ese fue uno de los puntos que abordaron los diputados durante la comparecencia de la secretaria estatal de Medio Ambiente, Paola Bauche Petersen, ante diputados de la Comisión Especial para el Análisis de la Verificación Vehicular, quien dijo que para que se note un efecto positivo en la calidad del aire, se requiere que por lo menos 60% de los autos apruebe la verificación.
La diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, dijo que “es preocupante que la verificación castigue a quien tiene autos viejos” que no pasan las revisiones. Se trata de taxistas tradicionales o comerciantes de tianguis que tendrían que abandonar sus vehículos para cumplir con la verificación.
“Esta visión que nos acaba de exponer, a mi me parece altamente preocupante y altamente violenta -honestamente- porque estamos castigando la pobreza y eso es muy grave, porque es la labor del estado que no se ha hecho en muchos otros rubros, que le permite a la gente tener el carrito que pueden tener y vivir al día a través de ellos y hablo de los comerciantes y de los taxistas por ejemplo”, dijo Cárdenas.
La funcionaria estatal dijo que ella está abierta a buscar un programa de chatarrización que ayude a los propietarios de autos que no pasan la Verificación.
“De verdad que lo hemos platicado mucho en el equipo y encantados de poder trabajar con ustedes en asegurar una calidad de aire para Jalisco, encantadas de trabajarlo, pero no dejar que las diferencia nos lleven a no atender el tema”, respondió Bauche.
El diputado de Hagamos y presidente de la Comisión Especial, Tonatiuh Bravo Padilla, criticó que Jalisco sea el único estado del país que tiene un monopolio, esto es un modelo con un proveedor único de tecnología: WEP (Worldwide Enviromental Products).
“¿Por qué nos llama la atención el tema del monopolio?, porque se aprobó un contrato por 19 años por 950 millones de pesos. Eso es verdaderamente algo impresionante, independientemente de la evaluación de que los resultados no eran satisfactorios, eso pasó, y además con una característica más que nos llama la atención, en el último cambio de 2019, no hubo licitación, fue una asignación exclusiva”, precisó Bravo Padilla.
La secretaria estatal de Medio Ambiente dijo que, en efecto, Jalisco es el único que eligió a un proveedor en solitario, al que en lugar de llamarlo ‘monopolio” lo identificó como “modelo centralizado”, con un contrato hasta 2038.
“Lo que se eligió aquí fue un programa centralizado, lo que llamaría usted monopolio, pero es un programa centralizado y efectivamente, es un proveedor de tecnología, pero que trabaja con muchas empresas que están en los centros de verificación. Esos sí son muchas empresas”, señaló la funcionaria.
La diputada de Morena, Itzul Barrera, señaló que el contrato con la empresa WEP debe terminarse e insistió que la gente no tiene credibilidad en el programa.
El legislador del PVEM, José Guadalupe Buenrostro, discrepó de ello, al señalar que las mesas de trabajo “son para ver de que forma, perfeccionamos el programa de Verificación y no como lo eliminamos”.
Después de casi dos horas de sesión, Paola Bauche se salió por la puerta lateral del salón “Guillermo Ramos Ruiz” del Congreso, para evitar las preguntas de los reporteros, pese a que en sus intervenciones dijo una y otra vez que un punto a mejorar en el programa Verificación era trabajar mejor en la socialización y en la comunicación del programa.
A los diputados les dijo que en forma posterior les enviaría un reporte con el detalle del destino del dinero del llamado Fondo Verde, información que le solicitaron en la comparecencia.