La Universidad de Guadalajara enfrenta un intento de captura de uno de sus contratos más sensibles: el de los vales de despensa. La empresa Toka International, propiedad de los hermanos Hugo y Eduardo Villanueva y vinculada al exrector Ricardo Villanueva, ha desplegado una ofensiva para recuperar el millonario convenio que perdió tras años de irregularidades y deficiencias en el servicio. La presión se articula con el respaldo de las cúpulas sindicales, que buscan forzar a la rectora Karla Alejandrina Planter Pérez a rescindir el contrato adjudicado a Servicios Broxel en la licitación LI-012-DF-2025.
Durante la gestión de Toka, los trabajadores padecieron cobros duplicados y una atención al cliente deficiente, pero las dirigencias sindicales han preferido lanzar una campaña de desinformación para recuperar privilegios. Expertos advierten que ceder a estas presiones comprometería la credibilidad de la Rectoría y acarrearía consecuencias económicas graves, además de poner en riesgo el sustento de miles de familias universitarias que dependen de esta prestación para cubrir necesidades básicas.
La trama se agrava con la revelación de que, bajo el amparo de Toka, los vales de despensa se usaron en consumos ajenos a su propósito legal: alcohol, tabaco y pagos en “giros negros”. Lo que debía ser un mecanismo de justicia social se convirtió en un fondo para excesos y despilfarros, vulnerando la estabilidad económica de las familias universitarias. La resistencia de las cúpulas sindicales frente al ordenamiento administrativo de la Universidad refleja el descontento por la pérdida de una “barra libre” financiada con recursos públicos.
Lo que está en juego no es solo un contrato, sino la integridad administrativa de la máxima casa de estudios de Jalisco frente a una red de intereses que busca mantener beneficios inconfesables a costa del erario y de la calidad de vida de los trabajadores.