El pasado viernes 20 de marzo, la Secretaría de Seguridad Jalisco, el Ejército Mexicano y elementos de la comisaría y de la Dirección de Inspección y Vigilancia del gobierno municipal montaron un operativo para atender un reporte ciudadano y desmantelar un minicasino ubicado en pleno centro de la ciudad, a 700 metros de la sede de la Alcaldía de Guadalajara, en donde fueron aseguradas nueve maquinas tragamonedas.
El local con las llamadas “maquinitas”, el cual está situado en la confluencia de las calles Joaquín Angulo y Belén, operaba en la clandestinidad, pues los juegos de apuestas están regulados por una ley federal y en este caso, el sitio no cumplía con los requisitos.
Cuestionada a través de sus canales oficiales de comunicación, la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco informó a La Crónica de Hoy que el aseguramiento del “minicasino” no es investigado por el Ministerio Público Federal, pues las autoridades locales no les dieron vista del caso.
El Gobierno de Guadalajara también fue consultado, pero no dio respuesta en concreto sobre el tema.
Cuatro días después del aseguramiento del local de la Calle Angulo, el martes 24 de marzo, se realizaron operativos similares en las colonias Jalisco y Alamedas de Zalatitán, pertenecientes al municipio de Tonalá, en los que también tuvieron intervención la Secretaría de Seguridad estatal, elementos castrenses, la comisaría local y autoridades de inspección. El resultado fue de 40 máquinas tragamonedas decomisadas, aunque no trascendió si hubo negocios clausurados.
Le que sí se difundió fue que se iniciarían los procedimientos administrativos correspondientes en contra de los comercios implicados.
Por este otro asunto de máquinas tragamonedas incautadas, la FGR Jalisco igual respondió que tampoco es del conocimiento del Ministerio Público Federal, pues, tal como en el caso de Guadalajara, la autoridad municipal no les ha dado participación.
DELINCUENCIA ORGANIZADA DETRÁS DEL NEGOCIO
Según lo han establecido autoridades locales, los operativos en contra de las minicasinos clandestinos buscan inhibir actividades ilícitas y reducir los riesgos que tienen que ver con la operación de las “maquinitas”, pues existe la presunción de que éstas son manejadas por organizaciones criminales, entre las que se cuenta el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante el año 2026 en Jalisco se han asegurado unos 130 aparatos tragamonedas que operaban al margen de la ley, pero se desconoce si por tales acciones ya intervino la FGR.
La operación de las máquinas se presta al “halconeo” e incluso al reclutamiento ilegal, además de la ludopatía y la evasión fiscal.
Se sabe de casos en los que las “maquinitas” tienen ocultas calcomanías o alguna otra marca o clave secreta, para que inspectores municipales al revisarlas, las identifiquen como parte del negocio de cierto grupo criminal con el que están de acuerdo y no procedan a su decomiso.
RANCHO IZAGUIRRE, CABAÑAS DE TAPALPA... OTRAS INVESTIGACIONES FEDERALES EN EL LIMBO
La omisión en no dar continuidad en el ámbito legal federal a los recientes aseguramientos de minicasinos, es similar a lo ocurrido en septiembre de 2024, cuando fue asegurado el Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco, en donde pese a los indicios de reclutamiento, entrenamiento e incluso asesinatos, la FGR no intervino sino hasta que en marzo del 2025, un grupo de buscadores de desaparecidos evidenció que el lugar estaba en el abandono pese a los cientos de pares de calzado, ropa, mochilas y otras pertenencias de personas que se presume siguen ilocalizables.
Otra omisión de las autoridades federales es el abandono procesal de las cabañas de Tapalpa, en donde se ocultaba Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, antes de ser localizado y abatido por el Ejército, el pasado 22 de febrero.
Por cierto, fue precisamente que al dar continuidad al caso del Rancho Izaguirre, las autoridades del Gobierno de la República rastrearon y localizaron al líder del CJNG en Tapalpa, en una cabaña, que al quedar sin resguardo federal, fue allanada por representantes de medios de comunicación, quienes localizaron una supuesta narconómina en la que se consignan pagos a corporaciones estatales y municipales, ademas de las ganancias del cártel por la operación de “maquinitas”, que tan solo en un mes les habrían dejado un ingreso de 500 mil pesos.