Este sábado 11 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma que elimina las “pensiones doradas” de ex funcionarios de empresas paraestatales, entre ellas Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Sin embargo, un grupo de ex trabajadores de la CFE en Jalisco, rechazaron esa reforma y se defendieron de que ellos no perciben “pensiones doradas”, ya que sus ingresos son reflejo de un trabajo que desarrollaron a lo largo de 30 años y más y que reducirles su pensión, viola sus derechos humanos, pues se trata de un derecho adquirido.
El tope a las pensiones de organismos públicos federales no debe exceder del equivalente al 50% del salario de la presidenta Claudia Sheinbaum, esto es, no debe superar los 75 mil pesos mensuales.
Antonio Macías, tiene 81 años de edad y es representante de Jubilados de la CFE en Jalisco, quien rechazó que ellos perciban “pensiones doradas”, ya que, por ejemplo, él laboró durante 48 años en la paraestatal, incluso antes, en la Compañía Eléctrica de Chapala. La pensión es un derecho que se ganó trabajando casi medio siglo, dijo.
“Nosotros no somos parte de lo que falsamente y con toda mala fe se ha denominado de las ‘pensiones doradas’. Nosotros somos parte del trabajo. En mi caso 48 años, todos aquí por lo menos trabajaron 30 años, nadie trabajó menos de eso. Entonces, ¿como es posible que nos endilguen un término tan negativo y tan poco aplicable?”, dijo.
En el país, son 12 mil 500 jubilados de la CFE, quienes se verán afectados con la reducción de sus pensiones. Se calcula que en Jalisco podrían ser alrededor de tres mil personas las perjudicadas con la reforma.
El abogado Rubén Martínez Bocanegra, informó que la próxima semana se presentarán los primeros juicios de amparo en contra de la reforma impulsada por Claudia Sheinbaum y por Morena. El argumento legal es que se afectan los derechos humanos de ex trabajadores, a quienes no se les puede aplicar la ley en forma retroactiva.
En Jalisco, ya hay 22 jubilados que tienen listo su expediente para presentar el juicio de amparo. En Monterrey son 20, en Querétaro otros 20 y en la ciudad de México son ocho casos.
“Este tema lo vamos a exponer ante tribunales federales. Los amparos es el medio que vamos a utilizar para defender su derecho humano, a que no sea atacado. Es un derecho humano, la propia Constitución dice que se va a ponderar los derechos humanos sobre cualquier otra cosa”, expuso Martínez Bocanegra.
Juan Carlos Aréchiga, es ingeniero mecánico electricista y comenzó a trabajar en 1978 desde mozo y repartidor de recibos, hasta llegar a subgerente nacional de la CFE.
“No puedo creer que el Estado mexicano le esté pagando a sectores tan clave como el energético, a gente tan valiosa como todos nosotros, les esté pagando no solamente con una patada en el trasero, sino además con insultos, totalmente infundados. Ese es mi sentir personal y profesional y estoy seguro de que es el espejo de muchos de ustedes”, dijo.
Del recorte a las pensiones superiores a 75 mil pesos se excluyó a las fuerzas armadas y a los ex magistrados y ex trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual es discriminatorio. ¿Por qué a unos sí y a otros no?, se preguntó Aréchiga.