Hay cambios que se filtran en nuestro vocabulario tan lento que terminamos por naturalizarlos, hasta que alguien los señala y nos obliga a detenernos.
Durante años, quienes gobernaban en México se dirigían a nosotros como “ciudadanía”. Era un término habitual en discursos, informes y promesas públicas. Hoy, esa palabra parece haber cedido su trono a una más robusta y cargada de simbolismo: “pueblo”.
A simple vista, podría parecer un cambio menor, incluso irrelevante discutir sobre esto. Al final, ambos términos nos incluyen a todos, ¿no? Pero en el derecho —y sobre todo en la vida pública— las palabras rara vez son casuales, porque son herramientas de precisión. No es lo mismo ser nombrado como ciudadano que ser diluido en una identidad común que no distingue entre individualidades; y no necesariamente lo digo desde un aspecto negativo, pero sí con la intención de que pongamos ojo para entender posiciones en estos pequeños grandes detalles.
La ciudadanía, desde una perspectiva jurídica, es una categoría de responsabilidad individual. Ser ciudadano es, en esencia, una posición activa frente al Estado: yo voto, yo exijo, yo cumplo, yo vigilo. Reconoce a la persona como sujeto con derechos propios e intransferibles frente al Estado.
Por el contrario, la idea de “pueblo” opera desde una lógica distinta. Es un término más expansivo, más emocional, que agrupa a las personas como un colectivo. No necesariamente destaca al individuo, sino a la comunidad en su conjunto; mientras la ciudadanía nos invita a participar desde nuestra individualidad, el pueblo nos convoca a diluirnos en una identidad común.
¿Por qué importa este matiz? Porque la forma en que nos nombran suele dictar la forma en que se nos trata. No se trata de decir que una palabra sea correcta y la otra no, sino de entender que ambas tienen lugar en distintos contextos. Pero te invito a preguntarte qué implica cada una… y por qué se elige una sobre otra.
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¿Estamos frente a un simple cambio de estilo en el discurso político? ¿O es una forma distinta de entender la relación entre el Estado y las personas? Quizás, una manera sutil de renunciar a nuestra autonomía como sujetos de derecho individuales.
El derecho suele proteger al individuo; la política, en cambio, necesita de las mayorías. En esa tensión constante —entre el nombre que nos dan y el que elegimos portar— se define nuestra verdadera relación con el poder.
Desde Derecho en Perspectiva sostengo que, tal vez parezca irrelevante cómo aparecemos en los discursos, pero en un país donde el lenguaje construye realidades, ignorar el peso de las palabras es, en sí mismo, una forma de permitir que otros definan nuestro lugar en la historia. Al final, no es solo una cuestión de forma, sino de fondo; la manera en que nos nombran refleja, inevitablemente, la manera en que se nos pretende gobernar.
@kaarinacano