Hablar de la muerte nunca es sencillo. Mucho menos cuando la pregunta es si una persona debería tener derecho a decidir sobre ella.
Este debate tomó fuerza recientemente en Estados Unidos. Desde el pasado 5 de agosto, Nueva York permite la llamada Medical Aid in Dying o ayuda médica para morir, una figura mediante la cual determinadas personas con enfermedades terminales pueden solicitar medicamentos para poner fin a su vida.
Y aquí hay una diferencia importante que me gustaría aclarar: no estamos hablando propiamente de una eutanasia. En la eutanasia es un tercero, generalmente un médico, quien administra el medicamento que provoca la muerte en la persona. Por otro lado, la ayuda médica para morir que recién entró en vigor en Nueva York, el médico únicamente puede prescribirlo y necesariamente debe ser el propio paciente quien se lo administre.
Tampoco basta con solicitarlo como quien pide una aspirina para el dolor de cabeza. La ley establece una serie de requisitos, como: ser mayor de edad, padecer una enfermedad terminal, incurable e irreversible, tener un pronóstico de vida menor a seis meses y conservar plena capacidad para tomar decisiones. Además, dos médicos deben confirmar el diagnóstico y la capacidad del paciente, existe una evaluación de salud mental y deben cumplirse distintas formalidades antes de que pueda expedirse la receta.
Detrás de esa idea sencilla hay una complejidad jurídica enorme: permitir que una persona que inevitablemente se acerca al final de su vida pueda decidir, bajo condiciones muy específicas, cuándo y cómo hacerlo.
¿Y qué pasa en México?
Aquí también existe el derecho a decidir sobre ciertos aspectos del final de nuestra vida, pero con un límite importante.
A través de figuras como la voluntad anticipada, una persona puede establecer que, ante una enfermedad terminal, no desea recibir tratamientos destinados únicamente a prolongar artificialmente su vida. La Ley General de Salud permite rechazar determinados tratamientos y recibir cuidados paliativos para disminuir el dolor y permitir que la enfermedad siga su curso natural.
Pero una cosa es permitir que la muerte llegue y otra provocarla.
Actualmente, la propia Ley General de Salud prohíbe expresamente la eutanasia y el suicidio asistido. Es decir, en México una persona puede decidir que no quiere prolongar artificialmente su vida, pero no puede solicitar legalmente que un médico le provoque la muerte o le proporcione los medios para hacerlo.
Sin embargo, esa frontera acaba de llegar a la Suprema Corte.
En junio de este año, el Pleno decidió conocer un asunto en el que deberá analizar una pregunta de enorme trascendencia: si la prohibición absoluta de la eutanasia y del suicidio asistido es compatible con derechos como la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad.
La Corte todavía no ha decidido si esa prohibición es constitucional o no. Por ahora, únicamente decidió estudiar el asunto. Pero que la discusión haya llegado hasta ahí ya resulta relevante.
Lo que resuelva la Corte podría marcar un precedente importante sobre hasta dónde llega en México nuestro derecho a decidir frente al final de la vida.
En este contexto, en el fondo aparece una pregunta difícil de ignorar: si una persona puede rechazar un tratamiento aun sabiendo que esa decisión puede acelerar su muerte, ¿hasta dónde puede intervenir el Estado cuando esa misma persona quiere decidir activamente sobre el final de su vida?
Por supuesto, el otro lado del debate también importa. El Estado tiene la obligación de proteger la vida y, sobre todo, de evitar que decisiones irreversibles sean producto de presión familiar, abandono, depresión, falta de atención médica o condiciones de vulnerabilidad. También entran en juego la responsabilidad de los médicos, la objeción de conciencia y los límites que deberían existir para evitar abusos.
A lo que quiero llegar, es que este debate va mucho más allá de estar a favor o en contra de la eutanasia. Se trata de definir hasta dónde llega nuestra autonomía sobre una de las decisiones más personales que existen.
Desde Derecho en Perspectiva, sostengo que hablar de una muerte digna no le resta valor a la vida, al contrario, obliga a los avances médicos y jurídicos a ponerse al día con preguntas que durante mucho tiempo preferimos evitar. Si el Derecho protege nuestra libertad para decidir cómo vivir, quizá ha llegado el momento de preguntarnos hasta dónde debe proteger también nuestra libertad para decidir cómo enfrentar el final.
@kaarinacano