La crisis por la calidad del agua en Guadalajara ha abierto una discusión que va más allá de las condiciones en las que llega el líquido a los hogares. Durante la segunda megamarcha, realizada este domingo 18 de octubre, algunos manifestantes expresaron preocupación por la posibilidad de que empresas extranjeras, particularmente israelíes, lleguen a controlar el suministro de agua en Jalisco.
La inquietud también se ha extendido a las redes sociales, donde circulan publicaciones que relacionan al Gobierno de Israel con una supuesta intención de apropiarse del recurso hídrico en la entidad. Entre los mensajes difundidos hay llamados a dejar de comprar productos de determinadas marcas, bajo el argumento de que tendrían vínculos con empresarios o intereses israelíes.
Las publicaciones han alimentado la desconfianza de sectores de la ciudadanía hacia las decisiones que se tomen para resolver la crisis del agua. Entre las preocupaciones expresadas se encuentran la posibilidad de una privatización del servicio, la participación de empresas extranjeras en proyectos de infraestructura y la falta de información que permita conocer quiénes intervendrían en la administración del recurso.
¿De dónde viene la preocupación por Israel?
Uno de los antecedentes que circulan en estas publicaciones es un acuerdo firmado entre México e Israel en noviembre de 2013. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el convenio contemplaba cooperación técnica para la protección y remediación de acuíferos, así como intercambio de conocimientos sobre administración de recursos hídricos, reutilización del agua y tecnologías de desalinización.
Otro antecedente es la carta de intención firmada el 12 de abril de 2016 entre el Gobierno de Jalisco y el Technion, Instituto Israelí de Tecnología, cuyo objeto era la investigación y cooperación académica. El registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores identifica la materia del acuerdo como educación y señala que su vigencia concluyó en abril de 2017. Este documento, por sí mismo, no acredita una transferencia de la administración del agua a empresas israelíes.
En medio de las versiones que circulan, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, negó que su administración pretenda privatizar el servicio o entregarlo a una empresa israelí. El mandatario sostuvo que el proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara busca mejorar el abastecimiento y la calidad del agua, y rechazó que contemple ceder su operación a particulares.
Llaman a boicotear marcas en redes sociales
Otra expresión de la inconformidad ciudadana se manifiesta en publicaciones que invitan a revisar los productos que se consumen y evitar determinadas marcas por sus supuestos vínculos con Israel.
Entre los nombres que aparecen en las listas compartidas están Alpura, Comex y Steren. Sin embargo, las publicaciones mencionadas no aportan, por sí solas, evidencia verificable de que estas compañías participen en un proyecto para privatizar el agua de Jalisco o de que tengan contratos para entregar el recurso a autoridades israelíes.
En esas mismas listas también aparece la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), que es una institución pública mexicana y no una marca comercial. Su inclusión en una relación de productos que supuestamente deben dejar de consumirse evidencia la necesidad de verificar la información antes de compartirla.
El llamado al boicot se inserta en un contexto internacional de críticas al Gobierno de Israel por sus acciones contra la población palestina, particularmente en Gaza. En redes sociales, distintos usuarios promueven boicots a empresas que consideran vinculadas con el Estado israelí o que, según sus denuncias, mantienen relaciones comerciales con él. No obstante, cada señalamiento requiere comprobarse de manera individual: una lista viral no demuestra por sí misma la existencia de una relación empresarial ni de un vínculo con la crisis hídrica de Jalisco.
La exigencia: agua limpia y transparencia
Aunque las versiones sobre una supuesta entrega del agua a Israel no están acreditadas con la información documental disponible, la preocupación por el futuro del servicio se suma a una crisis que ya ha provocado movilizaciones, reclamos por la calidad del suministro y cuestionamientos sobre las decisiones de las autoridades.
La discusión también involucra los mecanismos de financiamiento para modernizar la infraestructura hídrica. El proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara ha generado cuestionamientos sobre la participación de particulares y la transparencia de los acuerdos, mientras el Gobierno estatal sostiene que no pretende privatizar el servicio.
En este escenario, las demandas ciudadanas incluyen garantizar agua limpia, esclarecer las causas del problema y transparentar los contratos, las empresas participantes y las condiciones de cualquier proyecto que involucre el abastecimiento.
Por ahora, los convenios de cooperación tecnológica documentados entre México e Israel no prueban que exista un plan para entregar el agua de Jalisco a ese país. Para establecer si hay empresas israelíes involucradas en contratos actuales relacionados con el servicio, sería necesario revisar las licitaciones, los contratos y los documentos oficiales correspondientes.