En sesión del Pleno del Congreso, se aprobó que la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Luz del Carmen Godínez González, en un plazo no mayor a diez días hábiles, remita a la Legislatura, un informe pormenorizado de su actuación conforme a la normatividad aplicable en la manifestación del domingo 11 de octubre afuera de Casa Jalisco.
El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, fue quien hizo la propuesta y subrayó que ese informe debe incluir la actuación que tuvieron los 16 observadores de la Defensoría, que incluya el número, cargos y funciones de las personas servidoras públicas desplegadas, los horarios y lugares en que estuvieron presentes, incluyendo Casa Jalisco, agencias del Ministerio Público y centros de detención, así como las actas circunstanciadas levantadas con fe pública y la evidencia documental, fotográfica y videográfica recabada.
La votación fue unánime y tuvo el voto a favor de los legisladores de MC.
Durante la sesión de este jueves, la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, subió a la tribuna y le pidió a Luz del Carmen Godínez, que renuncie a la CEDHJ.
Dijo que es “aberrante” que la CEDHJ haya asegurado que no hubo manifestantes torturados el 11 de octubre.
“Por eso hoy subo a esta tribuna con el resperto que me merecen, a exgir a la presidenta de la CEDHJ, que renuncie a su cargo. Es de conocimiento público que el organismo pudo haber evitado que las personas de Casa Jalisco fueron lesionadas, torturadas y que se presumiera el delito de desaparición forzada, que estuvieran privadas de su libertad e incomunicadas de sus familiares”, aseveró la legisladora.
La diputada local señaló que la CEDHJ es “el adorno más caro de Jalisco”, pues le cuesta a los jaliscienses 177 millones de pesos en presupuesto para este año y lo que hace es “encubrir a posibles torturadores”.
En el informe que solicitó el Congreso a la CEDHJ, se pide la documentación de posibles actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, que incluya la certificación de lesiones practicada a las personas detenidas, la aplicación del Protocolo de Estambul, las entrevistas y visitas realizadas, y las vistas dadas al Ministerio Público.